El Senado aprobó la ley que faculta al PEP a tomar restricciones sanitarias

El Senado de la Nación dio media sanción este jueves, por 38 votos a favor y 26, en contra, al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para establecer criterios básicos epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus.

La iniciativa recibió el apoyo del oficialismo y el rechazo de Juntos por el Cambio y el bloque Parlamentario Federal, que argumentaron que violenta la autonomía de las provincias.





El Frente de Todos realizó más de 30 modificaciones sobre el proyecto original, referidas principalmente a las clases presenciales, las precisiones sobre los distintos niveles de riesgo epidemiológico y el rol de los gobernadores. Así, se aseguraron el voto del rionegrino, Alberto Weretilneck, usual aliado al oficialismo, pero que había manifestado que no votaría a favor.

Los cambios efectuado también apuntan a ganar voluntades de cara la llegada del proyecto a la Cámara de Diputados donde la situación para el oficialismo es más compleja, debido a la manifiesta oposición de Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el Frente de Izquierda y los cuatro legisladores del bloque Córdoba Federal, que responden a Schiaretti.

Al abrir el tratamiento, la diputada oficialista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, al considerar que «a medida que la crisis sanitaria perdura amerita dictar una legislación como se ha producido en otras partes del mundo».

«El presidente de la Nación pretende preservar la estabilidad del sistema sanitario y que no colapse. A través del impulso de esta ley, lo que hace es autolimitarse en sus facultades», expresó y agregó que «más democrático y más republicano que este proyecto en el marco de una pandemia como no teníamos memoria, no puede haber».

Acto seguido, el senador radical Mario Fiad, titular de la Comisión de Salud, criticó el proyecto, al evaluar que se trata de «un intento para maquillar de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa».

«Si el objetivo es reducir los contagios y preservar la salud, por qué no probamos con estrategia sanitaria con habilidad para acceder a vacunas. Nos perdimos la oportunidad de tener millones de vacunas con Pfizer. También con Fondo Covax. ¿Por qué no garantizamos que la militancia política no sea la prioridad para la vacunación?», insistió.

En tanto, su compañero de bancada, el fueguino Pablo Blanco, se metió en el tema del federalismo y puntualizó que «no se puede delegar a un gobernador facultades que le son propias. Esta ley no se debería estar discutiendo, se tendría que estar realizando un acuerdo entre todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno».

La senadora del PRO por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, fue más allá y expresó: «Vamos a darle media sanción a una ley que va a convertir a un presidente en un emperador. Los gobernadores no pueden recibir instrucciones del presidente, no son delegados».

No me extrañaría que, si en algún lugar van a perder las elecciones, quieran cambiar la fecha para que la gente no vaya a votar. Eso es lo que tienen pensado. No me vengan a decir que están preocupados por las muertes. Porque si así fuera, hubieran conseguido más vacunas», sentenció.

El oficialista Mario Pais negó, a su turno, que esta lay sea inconstitucional y dijo que, por el contario, «es un aporte a la institucionalidad». «Queremos sancionar una ley que regule parámetros objetivos en el marco de esta emergencia, esto requiere medidas urgentes y eficaces en el tiempo», agregó.

Al momento de los cierres, el titular de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó los cambios realizados al proyecto, que posibilitaron su apoyo al mismo. “Tenemos un proyecto de ley que fue modificado y enriquecido y hemos tenido lo que fue tan trascendente el año pasado, que es el dialogo y una normalidad institucional entre los gobernadores, gobernadoras y el Presidente”, detalló.

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, expresó que «el problema sanitario no se arregla con esta ley, se requiere gestión eficiente» y volvió a reclamar de manera enfática la provisión de vacunas para la sociedad.

Por último, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, fustigó a la oposición por su rechazo al proyecto y los acusó de llevar adelante una «estrategia electoral». “Nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, sabemos que es un momento difícil, no estamos para especulaciones y vamos a seguir trabajando para acompañar a nuestro gobierno”, cerró.

El proyecto de Emergencia Covid

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, no distingue entre zonas geográficas sino que establece «parámetros epidemiológicos y sanitarios» según los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, podrán adoptar medidas para evitar la propagación del virus.

En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y de Alarma Sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricción. Uno de los cambios introducidos en las últimas horas, establece que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de clasificación “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”.

El proyecto indica también que los gobernadores continuarán ejerciendo «las facultades concurrentes de control y fiscalización» de las medidas de prevención, pero establece una suerte de cláusulas «gatillo» que aplicarán de forma automática cuando se alcance una situación epidemiológica más grave.

En base a la variación de los casos y el nivel de la ocupación de camas de terapia intensiva, entre otros parámetros, se tomarán medidas más fuertes mientras que cuando un distrito baje a una situación más favorable, con disminución de contagios y ocupación del sistema sanitario, se suspenderán algunas restricciones.

Otro de los cambios incluidos obliga a los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada a actualizar diariamente datos para el seguimiento de la situación sanitaria en «tiempo real» como «ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

Además, se incorporó un artículo que establece que las clases presenciales se mantendrán en todo el país «salvo» en los departamentos que estén en estado de «Alarma», donde la ley establecerá su suspensión sin consulta previa con el gobernador, como señalaba el proyecto original.

Mientras que en el resto de los distritos será cada gobernador o gobernadora quien pueda suspender de forma temporal la presencialidad en las aulas, en los lugares de «Alarma» solo estará facultado el Gobierno nacional a «morigerar o dejar sin efecto» la medida «en virtud de la mejora sostenida» en los parámetros de riesgo epidemiológico.

Otro de los cambios tuvo que ver con apaciguar las críticas que recibió el proyecto por la definición de los gobernadores como «delegados del gobierno federal», que fue cuestionada por su presunta inconstitucionalidad, y finalmente se reemplazó por la de «agentes naturales del gobierno federal».

En los lugares de Medio riesgo sanitario, «serán las autoridades locales las que dispondrán de restricciones temporales y focalizadas», mientras que en los lugares del Alto riesgo y de Alarma, de observarse un empeoramiento de la situación, «se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponerlas de formas razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores».

Otra de las modificaciones introducidas le pone plazos a la ley. El nuevo artículo 34 establece que la norma entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. En la redacción original la vigencia se extendía mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios, algo que había sido rechazado por la oposición.

En el temario el Senado también incluyó un proyecto del senador del Frente de Todos, José Mayans, para establecer un Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina.

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