La justicia uruguaya recibió este martes la orden de detención y extradición de los tribunales argentinos contra el parlamentario del Mercosur y operador judicial del macrismo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, acusado de participar de supuestas maniobras de hostigamiento y asfixia financiera del Gobierno de Mauricio Macri en contra del Grupo Indalo y sus accionistas.
El pedido de extradición llegó a la justicia uruguaya luego de que este lunes la Cancillería remitió al gobierno de ese país el exhorto que solicita la detención y extradición de Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y exmiembro de la «mesa judicial» de Juntos por el Cambio, dispuesto por la jueza federal María Servini para tomarle indagatoria.
El pedido de detención que recibió la justicia uruguaya de parte de su par de Argentina tramita en paralelo a la orden de captura internacional emitida por la jueza Servini que aún no fue aprobada por Interpol (en caso de hacerlo, debería lanzar una alerta roja para que se detenga al imputado en cualquier parte del mundo).
Voceros del Poder Judicial uruguayo indicaron a Télam que, en caso de ordenarse la detención de «Pepín» (por la vía de Interpol o por la justicia local), será por un breve plazo y a los efectos de llevarlo ante el magistrado o magistrada que intervenga en el pedido de extradición.
La búsqueda de refugio en Uruguay
El exasesor jurídico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ejecutivo nacional durante la gestión de Macri comunicó el miércoles pasado a la Justicia uruguaya que ya inició el trámite para que ese país lo acoja en carácter de refugiado por razones políticas.
La decisión de buscar refugio en Uruguay fue informada por el propio imputado a través de distintas entrevistas televisivas, pero además fue notificada de manera formal por su abogado ante el juzgado de Servini, que entendió ese movimiento como un intento de evadirse de la justicia.
Fue en ese contexto que la magistrada declaró a Rodríguez Simón en «rebeldía» y ordenó su captura nacional e internacional para someterlo a indagatoria tras considerar que la exclusiva decisión del imputado evidenciaba su «voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia».
Durante el tiempo que dure el trámite que se le da a los pedidos de refugio político (un máximo de 90 días), Rodríguez Simón no podrá ser devuelto a la Argentina, cosa que tampoco ocurrirá si logra conseguir ese status.
A fines de la semana pasada, la Justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado Rodríguez Simón y que en caso de ser aprobada le hubiera permitido evitar una eventual detención en ese país.
La resolución estuvo a cargo del juez letrado de primera instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien el exasesor jurídico de JxC había interpuesto un segundo habeas corpus –el primero había sido rechazado el 7 de mayo- en el que se definió como víctima de persecución política y dijo que la Justicia argentina buscaba detenerlo arbitrariamente.
