Un grupo de funcionarios judiciales pampeanos, encabezados por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, expuso ante sus pares de San Luis la experiencia propia de cómo funciona el fuero penal a partir que, hace una década, se pasó del sistema inquisitivo al acusatorio con el fin de agilizar los procesos.
La capacitación, vía Zoom, se centró fundamentalmente en el rol de las Oficinas Judiciales, un organismo administrativo clave para gestionar la asignación y distribución de causas; ya que coordina las agendas de los actores, organiza y graba las audiencias, informa a las partes y cita a los testigos y peritos, entre otras tareas.
Por eso de la charla participaron la jefa de la Oficina Judicial de Santa Rosa, María Eugenia Schijvarger –actualmente jueza sustituta del Tribunal de Impugnación Penal–, ya que ella fue la primera en ocupar el cargo cuando el nuevo Código Procesal Penal se puso en marcha en 2011. También lo hicieron el subjefe –y actual jefe–, Fernando Saraevich; la subjefa de la Oficina Judicial de General Pico, María Emilia Jure Viscardis; y el jefe de la Oficina Judicial de General Acha, Federico López Scala.
También estuvieron presentes el secretario técnico, Carlos Alvarado, en su condición de responsable de esas dependencias, y el procurador general, Mario Oscar Bongianino.
Previamente, el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, dio la bienvenida a las autoridades puntanas del Poder Judicial y del Colegio de Magistrados y Funcionarios, y el titular de esta última institución, Hugo Guillermo Saá Petrino, agradeció la buena predisposición de La Pampa y su permanente colaboración.
Dificultades y aprendizaje.
Losi, junto al resto de los funcionarios, explicaron en detalle cómo se implementaron las Oficinas Judiciales y cuáles fueron las dificultades que surgieron durante estos diez años para que el Poder Judicial de San Luis no los repita.
La importancia de ellas, con el nuevo Código, es que descomprime las tareas de magistrados, ya que ellos solo tienen que centrarse fundamentalmente en las decisiones jurisdiccionales; es decir en el dictado de resoluciones y sentencias.
Las autoridades pampeanas respondieron a inquietudes de sus colegas puntanos, produciéndose una ida y vuelta enriquecedor; debido a que también se abarcaron otros temas importantes como los procesos de informatización, la tramitación de los expedientes residuales –aquellos iniciados antes de que entre en vigencia el nuevo Código– y el traspaso de los recursos humanos.
En San Luis –una provincia con similitudes poblaciones y cantidad de empleados judiciales a La Pampa– el proyecto para implementar el sistema acusatorio-adversarial se halla en tratamiento legislativo, esperando que a la brevedad tenga debate parlamentario.
Por eso, Losi insistió en la importancia de transferir la experiencia pampeana, ya que aquí el sistema está afianzado, y así evitarle a la justicia puntana las dificultades y problemas que durante la década.
Esta no es la primera vez que las autoridades judiciales de San Luis se interesaron por cómo funciona la justicia penal en La Pampa, ya que en los primeros días de abril una numerosa delegación –encabezada por la ministra Andrea Carolina Monte Riso, el procurador general Luis Marcos Martínez y el propio Saá Petrino– habían estado de manera presencial, observando una audiencia de juicio abreviado y otra de formalización; conversando con jueces, fiscales y defensores y las autoridades de las Oficinas Judiciales; y manteniendo una reunión con ministros del STJ.
La idea es que el nuevo Código Procesal rija en San Luis a partir del 1 de febrero de 2022, a sabiendas que con él se profundiza la oralidad, se reducen los tiempos y se les da más agilidad y eficacia a los procesos. Por eso, seguramente, habrá otras jornadas de capacitación en los próximos meses.
