El fiscal, que tiene delegada la investigación, pidió una serie de medidas para impulsar el caso que por sorteo recayó en la jueza María Servini.
En su pedido de medidas, el fiscal considera pertinente “solicitar al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) se sirva tener a bien remitir – de manera digital- copia de la siguiente documentación relativa a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró) SA: a) constancias relativas a la Asamblea General Extraordinaria Unánime nº 55, llevada a cabo el día 03 de mayo de 2011; b) constancias relativas a la Asamblea General Ordinaria nº 64 celebrada el 29 de abril de 2016; c) constancias relativas a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 septiembre de 2013”.
En abril pasado La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó que se declare nulo el «Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración» de los bienes de Mauricio Macri, que el expresidente celebró el 12 de abril de 2016, y además describió una serie de irregularidades que elevó a la OA.
La IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en «el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio» del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban «un 53% del conjunto total» de las pertenencias y propiedades de Macri.
En tanto, el organismo que conduce Crous dispuso «remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) copia de la documentación, para su conocimiento e intervención según su competencia, ante la posible existencia de maniobras constitutivas de la figura típica contemplada y sancionada en el art. 303°, inc. 1° y 4° del Código Penal», esto es lavado de activos.
Según el organismo , en su Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público del año 2015, Mauricio Macri indicó por ejemplo que detentaba acciones de Agro G S.A. representativas del 14,70% del capital social, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor.
Esa circunstancia le habría permitido controlar otra empresa que tenía de socia a su esposa Juliana Awada. Esa sociedad le pasó al fideicomiso una cifra millonaria cuyo destino fue Macri, según se desprende de las denuncias.
La conducta descripta cae en el entramado típico previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime con pena de prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua, a quien “estuviere obligado en razón de su cargo a presentar una declaración jurada patrimonial, y maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Según la OA, también se advierte que correspondería imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $45.000 provenientes de un ilícito penal con los que adquirió la titularidad de 45 acciones de la firma Molino Arrocero Río Guayquiraró S.A., la que se habría concretado entre el 23/05/11 y el 12/04/19, con la finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido.
Entre las medidas, el fiscal requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) “se sirva remitir -digitalmente- la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a los años 2015 y 2016, oportunamente presentada por el Sr. Mauricio Macri.
Se le imputa a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”, dice la denuncia de la OA.
Para los denunciantes, Mauricio Macri se alzó con $ 54.286.824 resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos , lo que como se explicara oportunamente, viola lo establecido por los artículos 68 y 224 de la ley 19.550..
Pero además, “dicha transferencia multimillonaria de activos a favor de Mauricio Macri, fue sistemáticamente consentida en forma unánime por los accionistas de Agro G S.A., aun cuando aquella perjudicó tanto al patrimonio social, como su propio derecho a los dividendos”, dice la presentación.
