El salario mínimo aumentará 35% en septiembre, cinco meses antes de lo previsto, y en esa instancia se evaluará un aumento en línea con las paritarias, acordó el Gobierno con sindicatos y empresarios. El entendimiento, alcanzado durante el fin de semana en una sucesión de comunicaciones entre funcionarios y dirigentes, prevé el anticipo de los cuatro tramos que restaban del piso formal de ingresos y su concentración en tres etapas, en julio, agosto y septiembre.
El adelantamiento de la suba tendrá impacto en un número reducido de trabajadores formales pero su mayor proyección se dará en los casi 900 mil planes sociales que pagan la mitad del mínimo y en otros 4,5 millones de programas destinados a poblaciones vulnerables y que se rigen por el mismo parámetro para su monto.
Tal como adelantó Ámbito Financiero, la administración de Alberto Fernández negoció con la CGT, la CTA de los Trabajadores y representantes patronales, en particular de la Unión Industrial Argentina (UIA) un esquema para dinamizar el piso salarial.
El acuerdo alcanzado dejó conformes a todos los protagonistas: para el Ejecutivo es un reconocimiento de la escalada inflacionaria pero sin alterar de momento el valor pactado en abril; también para los empresarios fue clave diferir el ajuste en el número para poner a resguardo las paritarias cerradas en los primeros meses del año, en tanto que para las centrales sindicales representó un avance político haber acomodado la pauta.
En abril el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil votó por absoluta mayoría una mejora de 35% en siete tramos de los cuales se pagaron hasta ahora los tres primeros, con un ajuste de 17% hasta ahora. Los cuatro que faltaban y que se completaban en febrero se resumirán en tres: 9% en julio, 4% en agosto y 5% en septiembre, cuando alcanzará los 29.160 pesos.
Una vez concluido el ajuste final se mantendrá a premisa de revisar el acuerdo a la luz de las paritarias cerradas en las últimas semanas en valores más cercanos al 45%, como sucedió con Camioneros y varios gremios del sector público. Como sucede en cada ajuste, los nuevos valores tendrán el impacto proporcional sobre el pago por horas y en las prestaciones por desempleo.
De paso, el Gobierno se reservará para la previa de las elecciones legislativas el anuncio de un eventual nuevo aumento del salario mínimo, ya sea por acuerdo en la negociación tripartita o bien por decreto. También en ese aspecto, está tomada la decisión de asimilar el ajuste a los valores negociados en las últimas paritarias como parte de la prédica oficial de que este año los salarios, las jubilaciones y los planes sociales deberán ganarle “con amplitud” a la inflación.
Las conversaciones se mantuvieron en estricta reserva durante el fin de semana. Participaron entre otros el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, los líderes sindicales Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA de los Argentinos) y el nuevo presidente de la UIA, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja. Los gremialistas habían pedido adelantar los tiempos y Yasky insistió hasta último momento en la necesidad de engrosar el número final, lo que en definitiva se analizará en la revisión pautada para septiembre.
El acuerdo impulsado por el Gabinete económico también plasmó como política de Estado un planteo que inicialmente se asoció a Cristina de Kirchner: el de estimular la economía por la vía de la demanda y el consumo interno. A tal punto pareció en principio el reclamo aislado de la accionista mayoritaria del Frente de Todos que las primeras paritarias firmadas en 45%, cuando hasta entonces la pauta privada estaba diez puntos por debajo, surgieron en entes controlados por esa línea: el PAMI de Luana Volnovich, Anses, de Fernanda Raverta, y el personal del Congreso, con la firma de la propia Cristina junto a Sergio Massa. Luego vendría el retoque discursivo del ministro Martín Guzmán y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para empezar a hablar de que este año el triunfo de ingresos sobre precios debería ser sustantivo.
