El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Petri presentó un proyecto de ley para autorizar y regular el uso de armas no letales por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacional y establecer normas que determinen en qué condiciones y circunstancias pueden ser utilizadas uniformando las reglas que habilitan su uso, luego de la polémica generado por el caso del cantante Chano Charpentier.
«De haber contado con las taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Roldán. En diciembre del 2019, el actual Gobierno derogó el protocolo de uso de armas de fuego y no letales. Atando de manos y exponiendo a la policía. Tanto las Fuerzas Federales, como las provinciales, deben estar dotadas de pistolas taser, capacitado el personal policial y establecidos los protocolos para su correcto funcionamiento. No hay excusas para que ello no suceda», aseguró el diputado mendocino.
«Nuestra iniciativa recepta la buena reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo en el año 2019, pero además dispone, a fin de eliminar cualquier tipo de controversia respecto de las mismas, que sólo deberán utilizarse exclusivamente en situaciones en que hubiera estado justificado el empleo de una fuerza mayor o letal y siempre que no produjere un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar», completó.
Además, prohíbe su utilización contra personas vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas o ancianos y en otros supuestos que «no hagan aconsejable su uso de acuerdo a criterios científicos y conforme lo determine la reglamentación» remarcó el autor de la ley.
Proyecto
El proyecto «impone al Ministerio de Seguridad el deber de elaborar un informe anual, con la evaluación y el seguimiento respecto del uso de armas no letales por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacional, el que deberá ser remitido a las Comisiones de Seguridad Interior de ambas Cámaras Legislativas del Congreso de la Nación con las recomendaciones respecto a las posibles modificaciones del marco normativo”.
Por último, establece la obligatoriedad de contar con armas electrónicas no letales en todos los móviles policiales afectados a tareas de prevención y su disponibilidad en eventos, espectáculos o lugares de concurrencia masiva de público donde el uso del arma de fuego pueda suponer un riesgo a la vida de terceros.
