Fernando Alberto Rolhaiser, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Carlos Daniel Mendibe y Diego Hernán López fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo, tras ser hallados culpables de sedición por el acuartelamiento llevado a cabo en diciembre de 2013.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa había confirmado la condena en 2018. Entonces, Fernando Alberto Rolhaiser, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno y Carlos Daniel Mendibé recurrieron a la Corte Suprema de Justicia con un recurso presentado el 28 de diciembre de 2020, y el jueves 5 de agosto se conoció la resolución, publicó el diario La Arena.
Con la firma de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país desestimó la presentación, dejando firme la sentencia.
Por estos motivos, ayer se libraron las cinco órdenes de arresto y todos fueron detenidos. Fuentes judiciales confirmaron que a partir de ahora empezarán a computarse los tres años de cumplimiento efectivo.
Mientras tanto, fuentes de Jefatura señalaron que como consecuencia de encontrarse «llenas» la Alcaidía Rosa y las seccionales de Santa Rosa, se hizo un reacomodamiento para generar espacio y terminaron alojados en la Comisaría de Lonquimay.
CIUDAD DESPROTEGIDA
El acuartelamiento ocurrió el 11 de diciembre de 2013 por la noche y se extendió hasta los primeros minutos del viernes 13, al acordarse un aumento salarial. Policías en actividad y retirados se manifestaron en la plaza San Martín y luego marcharon hasta la Casa de Gobierno, donde se reunieron con funcionarios sin obtener una respuesta concreta. Finalmente, tomaron la Jefatura de Policía.
El fiscal de la causa, Guillermo Sancho, hizo alusión a la desprotección ciudadana que habría provocado esa toma, a la que consideró «violenta y hostil». Una situación similar ocurrió con el Cecom, donde se reciben las llamadas de emergencias formuladas a través del 101 y en la Dirección de Comunicaciones, ubicada sobre la avenida Belgrano.
«El accionar violento tenía por finalidad arrancarle al Ejecutivo una serie de medidas que ellos peticionaban, el reemplazo del jefe y el subjefe, cuestiones relacionadas con adicionales, pasivas y otros puntos, esencialmente la cuestión salarial», agregó el fiscal. Y agregó que «Santa Rosa estuvo desprotegida. Una de las cosas más graves fue que tomaron el 101 y los operadores fueron obligados a no recibir llamadas, por lo cual durante la toma la sociedad no pudo comunicarse con los canales oficiales» que proporciona el sistema de seguridad.
