La Brigada de Investigaciones de General Pico secuestró una suma de un millón de pesos en dos allanamientos, que se hicieron ayer en el marco de una causa contra el juego ilegal iniciada hace algunos meses.
Personal a cargo de la Brigada de Investigaciones a cargo de la comisaria Vanina Fileni, en horas de la mañana allanó dos domicilios en la ciudad norteña, donde secuestró una suma estimada de un millón de pesos. También secuestró computadoras, teléfonos celulares y otros elementos ligados al hecho investigado.
El fiscal general Armando Agüero explicó que la causa se inició a partir de una denuncia que meses atrás radicó Pablo Girard, representante legal de Dafas.
«La Brigada de Investigaciones venía trabajando en la identificación del movimiento del juego, de la rutina y los lugares donde se levantaban las apuestas, de las diferentes vinculaciones con otras localidades de la provincia y de relaciones con una investigación que tiene la Fiscalía General de Santa Rosa. Hoy (por ayer) hicimos dos allanamientos en dos domicilios donde se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, papelería, moneda nacional y extranjero, y otros elementos que están vinculados a esta investigación», dijo Agüero.
En oficinas.
El fiscal piquense explicó que los allanamientos se realizaron en las «oficinas» donde se desarrolla la «logística y organización» y dio cuenta que no se trataba de una mesa de juego, sino de apuestas y juegos ilegales de manera virtual.
«No es el clásico juego de cartas y dadas, esto tiene que ver con el juego virtual, por eso no hay concurrencia de gente, sino que se levantan apuestas. No es el clásico casino clandestino, sino que es otro tipo de juego», contó Agüero.
En cuanto a la situación procesal de las personas involucradas con el hecho, dio cuenta que una que vez que se completen las actuaciones correspondientes se les tomará declaración de imputado a los sospechosos por violación del artículo 301 bis del Código Penal, que «está vinculado a las apuestas y al juego de azar, que ya no es una contravención sino un delito y, tiene una pena prevista de tres años de prisión».
Agüero señaló que los elementos secuestrados vinculados a un delito, como es el caso, «se decomisan a favor del Estado Provincial, que después les da el destino que considere apropiado. En el caso de las computadoras regularmente el destino es Bienestar Social y desde allí se dispone. Hay ido a comisarías y escuelas. El dinero va a rentas generales y el Estado Provincial le da el destino que considere oportuno».
Por último, explicó que sería un grupo familiar del medio, el que estaría vinculado a este hecho, y que no tiene ningún tipo de antecedentes judiciales.
