Una delegación del Poder Judicial de San Luis, compuesta por el juez de garantías, Jorge Pinto, y los fiscales Carlos Leloutre y Leonardo Navarini recorrieron ayer y hoy las instalaciones del Edificio Judicial de General Pico para interiorizarse sobre el funcionamiento del Código Procesal Penal de La Pampa, reformado el año pasado.
Los funcionarios puntanos fueron recibidos ayer por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi. La intención de los visitantes fue observar el desarrollo de las audiencias y conversar e intercambiar opiniones con los distintos operadores y funcionarios de la Segunda Circunscripción Judicial en vista que, a partir del 1 de febrero de 2022, se implementará un nuevo C.P.P. en dicha provincia.
En La Pampa el nuevo Código se implementó en 2011, permitiendo pasar del sistema inquisitivo al acusatorio-adversarial. Este sistema se caracteriza por la posibilidad de profundizar la oralidad, reducir los tiempos y brindar más agilidad y eficacia a los procesos.
Las Oficinas Judiciales fueron creadas como un organismo administrativo clave en el nuevo esquema. Ellas se encargan -en cada circunscripción judicial- de gestionar la asignación y distribución de las causas; la coordinación de las agendas de audiencias de los diferentes actores y partes en los procesos, la organización y grabación de las mismas.
También las Oficinas informan y notifican a las partes (fiscales, defensores, querellantes particulares) y citan a los testigos y peritos, entre otras tareas. De esta manera se agilizaron los tiempos procesales, se descomprimieron las tareas de magistrados -ya que ellos solo tienen que centrarse fundamentalmente en las decisiones jurisdiccionales- y se garantizó la imparcialidad del juez porque es el fiscal quien está cargo de la investigación.
El año pasado el Código pampeano fue reformado, lo que incluyó cambios referidos al principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba, la conversión de la acción penal, más protecciones y atribuciones para las víctimas de los delitos de género y sexuales, más participación de las víctimas en los procesos en su calidad de querellantes, plazos máximos para las investigaciones fiscales y para las prisiones preventivas sin sentencias condenatorias, ampliación del monto de las penas en los juicios abreviados y mayor intervención de los jueces de control en las etapas previas a la realización de los juicios.
Además permitió profundizar la oralidad y reducir las de los procesos, incorporándose soluciones alternativas para los conflictos, dándole un rol más activo a las víctimas, impulsando la interpretación de las normas con perspectiva de género y fijándose a la flagrancia un procedimiento específico.
Ayer los funcionarios del Poder Judicial de San Luis conversaron con la subjefa de la Oficina Judicial de General Pico, María Emilia Jure, el defensor Guillermo Costantino, la fiscala María Verónica Campo y los jueces de control Heber Pregno y Alejandro Gilardenghi. Los anfitriones respondieron a las preguntas e inquietudes de sus colegas. Luego estos presenciaron audiencias de reexamen de medida de coerción, de presentación de juicios abreviados, de sobreseimiento por amnistía, de presentación de acusación y ofrecimiento de prueba y de formalización. Posteriormente dialogaron con cada una de las partes que intervinieron en esas audiencias.
Hoy continuaron presenciando más audiencias e intercambiando experiencias y opiniones con los diferentes funcionarios locales.
