La difusión de ciertos detalles de la causa, de la autopsia y de los padecimientos que vivió el nene violan su derecho a la intimidad, que no cesa aunque esté muerto.
El crimen de Lucio Dupuy recibe la condena unánime de toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación. Sin embargo, amparados en que “la gente quiere saber” o en contribuir a que se haga “justicia”, los medios también violan los derechos de ese niño, al que ya se le han vulnerado todos.
¿Cuánto es necesario saber en la cobertura de un caso en que la víctima es un niño, niña o adolescente? ¿Qué resguardos hay que tomar para proteger su intimidad? ¿Al interés de quién responden los medios al publicar detalles de una autopsia? Son algunas de las preguntas que contestan especialistas en la temática.
El lunes, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai) emitió un comunicado en el que llamó la atención a los medios de comunicación sobre el tratamiento del caso. “El respeto a la memoria de la víctima, a su dignidad e intimidad, y la de su familia, es lo primero que se pone en riesgo en estos casos y no puede ser soslayado”. “El derecho a informar y a estar informado” se debe practicar “sin vulnerar otros derechos, individuales y colectivos”.
En ese sentido el texto planteó que “es necesario que las y los comunicadores se pregunten sobre cuánto contribuye al interés y al bienestar público la difusión de circunstancias que están en el ámbito familiar y privado, además de que no ayudan e incluso pueden obstaculizar la investigación y el esclarecimiento del asesinato”.
El acento en los detalles morbosos
Según explicó a este diario Dolores Espeja, coordinadora del Conacai, el comunicado se gestó al advertir que el tratamiento mediático del caso “redundaba en aspectos de carácter macabro, ponía el acento en la descripción de detalles morbosos al tiempo que promovía especulaciones sobre circunstancias del ámbito privado, que resultan vulneratorios de la intimidad de la víctima y de su familia y entorno”.
Remarcó, asimismo, que la normativa es clara “al establecer que en caso de colisión de derechos que involucran a las infancias frente a otros derechos también legítimos, prevalecerán los primeros en virtud del interés superior del niñx. Esto debería interpelar a los medios de comunicación en cuanto a la responsabilidad social de su ejercicio profesional y evaluar en qué medida contribuye al interés público la difusión de asuntos y detalles que exponen la intimidad y la dignidad del chico”.
A pesar de esta advertencia, la información sobre los padecimientos que sufrió Lucio no paró de circular y multiplicarse; este martes especialmente se conocieron datos muy específicos de la autopsia que Página/12 evitó replicar.
Los derechos del niño
Las normas que protegen estos derechos son la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inciso 22, incorpora la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.
En la Ciudad de Buenos Aires, rige la ley 114 y a nivel nacional la ley 26.061, de protección integral de niños y adolescentes, que en su artículo 22 se refiere al derecho a la dignidad y dice que “se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.
Un caso emblemático fue el de Angeles Rawson. En nombre de la “justicia” y para que no quede “impune” su crimen, la tapa de un diario del Grupo Clarín publicó una foto del momento en que Ángeles fue hallada dentro de una bolsa de basura deshilachada en una planta de residuos de la Ceamse. Ese día (13 de junio de 2013) concluyó con una resolución judicial que prohibía la reproducción de esas fotografías y cualquier información referida a la intimidad de la adolescente. La medida, aunque necesaria, llegó tarde. Por otro lado, los medios parecen no aprender de los errores.
Las guías que ya existen
Claudia Fernández, exconsejera por los derechos del niño, hizo una presentación judicial en ese caso. “Cuando se toman esas medidas es que los medios ya están vulnerando los derechos”, dijo a Página/12. Por eso propone la actualización y capacitación permanente de los medios de comunicación en perspectiva de derechos de la infancia.
Las herramientas para comunicar sin vulnerar derechos están. Varios organismos tienen guías de actuación periodística sobre noticias de infancias, entre ellos el Conacai. En ésta recomienda, en relación al uso de las imágenes: “Considerar que el pixelado o desenfocado no son suficientes a veces para preservar su identidad. Evitar utilizar fotos de redes sociales que puedan afectar su dignidad o la de su entorno”.
“Los medios de comunicación deben entender que aunque el niño haya fallecido lo asisten sus derechos, derechos a su imagen, cuidado de la intimidad y también obviamente de toda su familia”, explicó Fernández. En ese sentido, dijo que describir con minuciosidad una autopsia vulnera todos los tratados de protección de la niñez vigentes en el país con rasgo constitucional.
Fernández llamó a los medios a discernir que “cuando el objetivo solo es para satisfacer la curiosidad del público, no es nunca una manera de contribuir al debate de interés general de la sociedad. Cada medio debe tener un código de ética sobre la información que recibe y cómo la transmite”.
El caso de Lucio Dupuy
Sobre este niño “que ha tenido todos sus derechos vulnerados… saber que lo mataron a golpes es más que suficiente, no necesitamos la autopsia para saber cómo. Sí tenemos que saber por qué, esto sí es de interés general, mirar en las instituciones qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que ha fallado. Estos casos nos tienen que interpelar a cada uno en el lugar que nos toque para poder revertir a futuro estas situaciones”, apuntó.
En la misma línea, María Elena Naddeo, titular del Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la ciudad y copresidenta de la APDH, recomendó comunicar los peritajes y los contenidos investigados “con sumo resguardo para la privacidad de todes los involucrados”.
“Cuando las víctimas de maltrato están vivas, es de absoluta obligatoriedad evitar la filtración de datos personales y resultados específicos de los diagnósticos. En este caso, ya fallecido Lucio, corresponde el respeto de les comunicadores y funcionarios públicos por evitar las presunciones aún no confirmadas, las hipótesis que circulan rodeando de más dolor y sufrimiento su corta vida”, agregó. También puso el acento en investigar por qué todas las alarmas fallaron y el sistema que debía cuidar a Lucio no lo hizo.
Por su parte, el fiscal Aldo de la Fuente, de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (Ufidisn), explicó a este diario que “toda información, como es el tema de la autopsia que se le hizo a este chiquito, es un tema sumamente sensible.
Particularmente nosotros siempre buscamos preservarla, por distintas razones, primero por la investigación, para llevar a buen cauce el esclarecimiento del hecho. El sumario, esto lo dice la ley, es público solo para las partes, es secreto para terceros. Pero por otra parte es sensible esa información porque hace también a los derechos de la familia de la víctima: derecho a la privacidad, al honor, al buen nombre. O sea, que desde todo punto de vista uno trata de proteger esos datos. También es cierto que muchas veces se filtran no desde los operadores judiciales sino desde las mismas partes que intervienen. Pero si hay responsabilidad de quienes trabajan en la causa se tendrá que investigar”.
(*) Sonia Santoro (Periodista, escritora, licenciada en Comunicación (UBA), con diplomado en género y comunicación) para Página 12.
