El clima de crispación política ya no es el mismo, pero Estados Unidos, a un año del ataque de la sede del Congreso federal, aún está dividido al recordar lo que pasó el 6 de enero de 2021, cuando cientos de simpatizantes del entonces presidente saliente Donald Trump irrumpieron, muchos con armas, en el edificio del Capitolio con la intención expresa de evitar la ratificación de la victoria electoral del actual mandatario Joe Biden.
Todo fue televisado en vivo: primero, el discurso de arenga de Trump en un podio a las puertas de la Casa Blanca, sus denuncias de fraude -nunca probadas- y su llamado a evitar que le «roben» la elección: «Y entonces peleamos. Peleamos fuerte. Y si no pelean fuerte, no tendrán más un país. Por eso, vamos a caminar por la Avenida Pennsylvania. Me encanta la Avenida Pennsylvania. Y vamos a ir al Capitolio.»
Cientos de simpatizantes le hicieron caso, desconcentraron por la famosa avenida que une la Casa Blanca con el Capitolio, derribaron las vallas policiales y, en medio de agresiones, superaron a los pocos agentes de seguridad que estaban protegiendo la sede del Poder Legislativo. Una vez adentro, comenzaron una cacería por los pasillos, los recintos y oficinas en busca de los legisladores que se negaban a reconocer el presunto fraude.
En total, cinco personas murieron en ese ataque, entre ellos un policía. Hasta ahora, el Departamento de Justicia acusó a más de 700 personas, incluidas 75 por posesión de armas «en una zona restringida». Al menos 120 ya se declararon culpables por cargos menores y una veintena ya fueron condenados.
Pese a la contundencia de las imágenes y los relatos, la polarización extrema que caracterizó al Gobierno de Trump se extendió sobre la interpretación de lo que sucedió.
Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac sostuvo que mientras un 93% de los demócratas lo consideraron un ataque contra el Gobierno, solo un 29% de los republicanos estuvieron de acuerdo; otra hecha por YouGov y publicada por la cadena de noticias CBS mostró que un 85% de los hoy oficialistas lo calificaron como una «insurrección», mientras que el 56% de los ahora opositores lo tildaron de un acto en «defensa de la libertad».
Esta semana, esta tendencia fue confirmada con otro sondeo de Ipsos publicada por la cadena de noticias ABC: 96% de los demócratas creen que el ataque puso en peligro la democracia, mientras que el 52% de los republicanos sostienen que, por el contrario, fue un intento de «proteger la democracia»
El jueves a la tarde, a la hora del ataque, Biden dará un discurso en el Congreso por el primer aniversario: «El jueves el presidente va a decir la verdad de lo que sucedió, no las mentiras que algunos difunden desde entonces, y del peligro que significó para el Estado de derecho y el sistema democrático de Gobierno,» adelantó esta semana la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La confrontación de «la verdad» y «las mentiras» se volvió central para el oficialismo demócrata este año, aunque el Gobierno de Biden no ha querido quedar atrapado en la disputa por la memoria colectiva del ataque. El mandatario tiene demasiados problemas para avanzar su agenda económica más urgente como para protagonizar un enfrentamiento abierto con la oposición republicana por una cuestión sin rédito político claro.
Por eso, entre las prioridades de la gestión de Biden no estuvo la comisión investigadora del ataque que creó la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, de la mano de su presidenta, la demócrata Nancy Pelosi, una de las legisladoras que buscaban desesperadamente los atacantes del Capitolio hace un año.
El tema, sin embargo, dentro del Congreso se volvió uno de los más sensibles para el oficialismo e incómodo para la oposición.
Casi todos los republicanos cerraron filas para evitar que Trump fuera condenado en un segundo juicio político cuando su mandato ya había terminado, y luego para tratar de presentar a la comisión investigadora como un esfuerzo partidario del oficialismo (aunque logró incluir a algunos pocos opositores rebeldes).
Bajo el liderazgo del presidente de la bancada en el Senado, Mitch McConnell, la oposición buscó hacer un difícil equilibrio: condenar el ataque -del que después de todo ellos también fueron víctimas- pero disociarlo de Trump, del entonces Gobierno republicano y de las denuncias que aún hoy muchos miembros del partido repiten sobre un supuesto fraude electoral que nunca pudieron probar.
Una vez más, Trump amenazaba con derrumbar este difícil equilibrio de sus correligionarios, con la convocatoria a una conferencia de prensa desde su club privado en Florida en el mismo momento en que, en el Congreso, ambas bancadas recordarían el ataque que los obligó a evacuar y pasar varias horas de miedo y tensión.
Al convocarla, había aclarado: «Entre tanto, recuerden que la insurrección se produjo el 3 de noviembre», en referencia a la elección presidencial que perdió por poco margen con Biden.
Ante lo que sin dudas sería un nuevo discurso explosivo que encajaría perfecto en la confrontación verdad-mentira que plantea el oficialismo, el aparato republicano logró convencer al expresidente de cancelar la conferencia.
Trump anunció en la noche del martes que no hablará el jueves desde Florida, pero sí lo hará en 10 días en un acto en Arizona, donde, una vez más, prometió denunciar el fraude electoral, que fue rechazado incluso por la Corte Suprema de mayoría ultraconservadora.
«Fue el crimen del siglo», sentenció en un breve comunicado el exmandatario quien, en un escenario sin liderazgos claros en su partido, aún coquetea con la posibilidad de volver a ser candidato presidencial en 2024.
