miércoles 11, diciembre, 2024, Eduardo Castex, La Pampa

Frigerio: justicia para un pampeano emboscado y ejecutado en 1977 (*)

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El 19 de enero de 1977, hace 45 años, moría ejecutado en Santa Fe el pampeano Carlos Mario Frigerio junto a tres compañeros de militancia, en lo que se conoció como la Masacre de Ituzaingó y Las Heras. Durante décadas, la versión difundida por la dictadura militar y por el periodismo había hablado de un “enfrentamiento”. La Justicia ratificó el año pasado que se trató de “una emboscada” en la que más de 100 efectivos masacraron a los cuatro militantes peronistas “sin miramientos” y también a una vecina que fue asesinada a sangre fría.





Frigerio nació en Santa Rosa en 1945 en una familia tradicional. Cursó el Colegio Nacional y en 1963 fue a estudiar Licenciatura en Física en la UBA. Comenzó su militancia en las agrupaciones peronistas revolucionarias y ya entrados los setenta fue parte de Montoneros con el nombre de “Guido”. Estaba en pareja con María Josefina Mujica, “Lía”, con la que habían tenido a Guido, nacido en 1976.

El 3 de enero de 1977, unos días antes de su asesinato, otro operativo militar mató a su pareja y secuestró a su pequeño hijo que fue entregado pocos días después a los padres del pampeano.

La Masacre de Ituzaingó y Las Heras

El 19 de enero de 1977, más de 100 efectivos rodearon el edificio en la esquina de Ituzaingó y Las Heras, un edificio del barrio tradicional Candioti de Santa Fe. Lo que ocurrió ese día es un hecho recordado en Santa Fe y hasta hace unos años todavía podían verse los impactos de bala en la vivienda en la que fueron asesinados los cuatro militantes políticos.

Ese día en un departamento del primero piso estaba la cúpula de la organización Montoneros de la provincia. El jefe de la estructura Osvaldo Pascual Ziccardi, el secretario logístico Carlos Mario Frigerio, el secretario político Jorge Piotti y la esposa de éste, Ileana Gómez. Allí vivían los Piotti con sus dos hijos: Mariano de dos años y Jorge, su bebé de un mes y 13 días, que también estaban en el departamento.

Esa trágica jornada hubo además una quinta víctima, la primera en ser abatida, una maestra de 49 años que vivía en el departamento de al lado, Elina Jagou de Carlen. Intentó cerrar la ventana de su departamento y un balazo de afuera le destrozó el cuello. Su hija, Graciela, de 18 años, salió desesperada a la calle en busca de ayuda, en medio de los disparos y un amigo la refugió en la casa de al lado. Frigerio y Ziccardi murieron en el departamento. Piotti y su compañera salieron y fueron ejecutados en la calle. En el juicio, ningún testigo dijo haberlos visto empuñar armas. Los dos niños sobrevivieron porque –según testigos directos- sus padres lograron esconderlos en el placard de los Carlen.

Los cuatro quedaron bajo fuego de las fuerzas represivas. En el juicio realizado en 2019 se determinó por testigos y documentación, que se utilizaron armas pesadas «como una ametralladora MAG que instalaron en una casa vecina, fusiles FAL y FAP y por lo menos una bazuka”.

«Los atacantes dispararon una inusitada cantidad de proyectiles» durante horas y los cuatro militantes «no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse de una agresión tan desproporcionada», indicó la sentencia.

Una de las pruebas presentadas por Fiscalía fue un informe del ex jefe del Comando Radioeléctrico Lisandro Kaufmann sobre los proyectiles que «se gastaron» (sic) en el operativo. Más de 600: 129 de FAL, 115 de Itaka y 345 de pistolas 9 mm» sólo en la escuadra a su mando. Y no hubo «ninguna baja en el personal».

Operativo ilegal y verdad histórica

En 2015 se abrió la causa por la ejecución de los cuatro militantes y fueron detenidos unos 12 ex oficiales del Ejército y la Policía. En 2019 fueron sentenciados y en 2021 la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de Santa Fe confirmó la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe.

La Justicia determinó que Frigerio y las otras tres víctimas fueron “masacrados y ultimados por fuerzas conjuntas” del Ejército y de la Policía provincial y que el operativo “se realizó de un modo abiertamente ilegal” de “una manera tal que le costó la vida incluso a una vecina ajena a todo”.

“La forma en que se desarrollaron los hechos conducen a conceptualizarlos –más que un enfrentamiento- como una masacre perpetrada sin miramiento alguno acerca de sus consecuencias”, indicó la Justicia.

El fallo de Casación Penal dio cuenta del relato de la dictadura que trató de encubrir masacres y delitos de lesa humanidad como actos de “combate” contra grupos subversivos. A pesar de la proliferación de discursos del odio y negacionistas (muchos de ellos trolls de redes sociales) que intentan reivindicar la dictadura, nadie puede poner en duda los verdaderos hechos ocurridos en esa masacre.

“La existencia de un enfrentamiento armado entre dos bandos no puede ser convalidada”, dijo el fallo de Casación. Incluso, en la hipótesis de que “se hubiera secuestrado armamento en poder de las víctimas –aunque no hay ninguna constancia en la causa- lo cierto es que resultaría por demás insuficiente frente a la desigualdad de fuerzas que evidenciaban uno y otro bando”, afirmaron los jueces en el fallo difundido por Página 12.

“En síntesis, consideramos que se encuentra por demás acreditado que las víctimas Piotti, Gómez, Ziccardi y Frigerio fueron masacradas y ultimadas por fuerzas conjuntas” del Ejército y la Policía de Santa Fe, sentenció el tribunal.

Los condenados por la masacre fueron los suboficiales del Ejército, Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez y el teniente coronel Ramón Abel Recio (fallecido en 2020), y un oficial de inteligencia del D2, Oscar Valdez a prisión perpetua; y el agente del Comando Radioeléctrico, Ricardo Amancio Brunel, y el policía Rolando Martínez (fallecido en 2020) a 12 años de cárcel.

Detrás del fallo judicial se dio a conocer una verdad histórica que ya se observó en muchos casos similares de delitos de lesa humanidad donde hubo ejecuciones. La sentencia contradice la propaganda instalada durante años por la dictadura militar que afirmaba que se trató de un enfrentamiento. Toda una pantalla para la aplicación del terrorismo de Estado.

(*) Por Norberto G. Asquini (periodista e investigador)

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