La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, convocó a declarar como testigos al exsecretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, y a otros exfuncionarios de primer nivel de la Casa Rosada en la causa en la que se investiga la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, informaron fuentes judiciales.
La citación a prestar testimonio bajo juramento de decir la verdad incluye también al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y al exjefe de asesores de la gestión Macri, José María Torello, según surge del documento judicial al que accedió Télam.
La convocatoria fue decidida por la jueza Yañez en virtud de que Torello, De Andreis y Clusellas eran funcionarios de la más alta jerarquía de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos y acompañaban al entonces presidente Macri en el día a día de su gestión, según señalaron fuentes judiciales.
De Andreis fue convocado para el 13 de marzo a las 10 de la mañana y a Clusellas para el 21 del mismo mes, mientras que en el caso de Torello la magistrada informó a las partes que dispondrán de diez días hábiles para hacerle llegar un pliego de preguntas que luego le serán enviadas al testigo, ya que es senador nacional y puede hacer uso de esa posibilidad de declarar por escrito.
La jueza intentará reconstruir a partir del testimonio de los exfuncionarios cómo y cuándo fue que el expresidente Macri se enteró del hundimiento del submarino San Juan, que información recibió y que decisiones se tomaron en relación a aquella información.
Esta causa había cobrado un nuevo impulso en noviembre del 2020 cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó determinar la eventual responsabilidad penal del Macri, Aguad y Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan y confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos hasta ese entonces por jueza Yañez, sobre altos mandos de la Armada.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
Los exaltos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.
En el mismo fallo, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia dispusieron el sobreseimiento del exjefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.
El tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, dispuso además en su momento la realización de una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ (submarino San Juan) por parte de la empresa Ocean Infinity”.
También ordenó una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”.
Durante la audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, encabezada por la abogada Valeria Carreras, había reclamado que se investigara y se citara a indagatoria al expresidente Macri, al exministro a Aguad y al exjefe de la Armada.
Ese planteo fue acompañado por las demás querellas y por el fiscal ante el tribunal de apelaciones Norberto Bellver quien consideró que los exfuncionarios tuvieron responsabilidad penal en el hundimiento del submarino, tal como informó oportunamente esta agencia.
“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, indicaron los camaristas en aquel fallo.
“Del mismo modo, no se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales, asignaciones presupuestarias, si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de ´media vida´ como relevante para el estado de alistamiento que presentaba el SUSJ en octubre y noviembre de 2017”, señalaron.
“Estas razones impiden -al menos en este estado del proceso- descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”, concluyeron los jueces.
“En la misma línea de pensamiento, la desvinculación efectuada respecto del Jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, resulta en esta instancia igualmente prematura, pues además de encontrarse pendientes importantes medidas probatorias, necesarias para un completo esclarecimiento de un hecho de tal magnitud como el que nos convoca, donde han perdido la vida 44 compatriotas al servicio de la Defensa Nacional, las constancias agregadas en el expediente conducen hasta el momento, hacia una línea distinta con relación”, remarcaron los camaristas a fines del 2020.
El ARA San Juan fue hallado un año después de su hundimiento a pesar de que, según dijo López Mazzeo durante la audiencia de las apelaciones, el 5 de diciembre de 2017 ya había información sobre la supuesta ubicación del submarino; motivo por el cual Macri, Aguad y Srur también fueron denunciados ante la Justicia federal por supuesto encubrimiento.
