El gobernador Sergio Ziliotto firmó el decreto 407/22 para proceder a la reparación de los legajos personales de las y los agentes públicos prescindidos de la administración pública provincial durante la última dictadura cívico-militar, dejando constancias de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral.
También se pide a Municipios, Comisiones de Fomento, Poder Judicial, a las empresas del Estado y entidades autárquicas u organismos descentralizados adherirse al decreto y proceder en el mismo sentido.
En el anexo del decreto se detallan los 531 nombres de las personas que trabajaban para el Estado provincial, municipal y nacional que fueron perseguidas durante los años de la dictadura y exoneradas de sus puestos por razones gremiales o ideológicas, invocando falsamente la causal de “abandono de tareas”. Ese listado, se explicó, no es definitivo sino que puede haber nuevas incorporaciones.
En los fundamentos se indicó que esta medida reparatoria se tomó luego que el 16 de agosto del 2019, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de La Pampa en su sentencia del segundo tramo del juicio de la Subzona 1.4 pidió “reparar los legajos administrativos de las víctimas en los casos en que se aplicaron cesantías o dieron de baja de la Administración Pública Provincial y Municipal luego de sus secuestros como consecuencia de su incomparecencia al lugar de trabajo”.
También se recordó que en La Pampa, desde la recuperación de la democracia, se impulsaron y concretaron políticas públicas de reparación como fue la sanción de la Ley 717 por la cual se reincorporó a todas aquellas personas que habían sido cesanteadas en los cargos que ostentaban, tanto sea en la Administración Pública Provincial como Municipal.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que impulsó esta medida, guardando coherencia con las políticas públicas ya implementadas, viene concretando múltiples acciones que se inscriben en la defensa de la memoria de las violaciones a los derechos humanos, manteniendo, de tal forma, un fuerte compromiso con las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, no solo dispuestas a nivel provincial sino también en el ámbito nacional e internacional.
“Esta medida tiene un fuerte carácter simbólico, constituyendo un generador potencial de nuevos sentidos, teniendo presente que como no se puede hablar de una reparación equiparable al daño sufrido, este tipo de actos son un símbolo de esa reparación imposible. Su importancia radica en lo que representa ya que se produce sobre un daño en sí irreparable, aportando a la construcción de algo nuevo”, se indicó en el decreto.
