La causa Malvinas promueve la revisión de documentos históricos que a cuarenta años de la guerra aún generan sorpresa. La dictadura cívico militar que recuperó las islas y se rindió 74 días después ante la Task Force británica colocó municiones en el mercado del Reino Unido dos años antes del conflicto.
Aunque parezca insólito se las vendió a una compañía del país con que combatiría en 1982 y que se apoderó de una parte del territorio nacional. La prueba es un documento desclasificado de la Cancillería argentina fechado el 29 de mayo de 1980. Demuestra que el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla le exportó material bélico a la empresa Conjay Arms Company LTD.
Cartuchos de dos calibres distintos en una operación concretada al amparo del decreto secreto 1.756 de 1979 que otorgaba a la dirección de Fabricaciones Militares comerciar con habitualidad “armas y municiones calificadas como de guerra y otros materiales de carácter esencialmente militar”. Fundada el 7 de agosto de 1967, la firma todavía figura registrada en Bristol, Inglaterra, con un nombre parecido al de 1982, y se promociona diciendo que “ha estado trabajando para mantener seguras nuestras Fuerzas durante más de 60 años”.
El monto de la operación, en aquel momento, ascendió a los 5.200 dólares por 10 mil cartuchos 7,62 milímetros y 5.000 de calibre 9 mm que fueron utilizados en fusiles y ametralladoras desarrollados en las décadas de los años 50 y 60 por los países de la OTAN.
Conjay figura en el documento desclasificado como originaria del “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” y se define en su página web como “¡un proveedor de equipos especializados en el campo de la seguridad durante más de 50 años!”. Otro de sus slogans es: “¡Los productos CONJAY todavía se usan ampliamente en la lucha contra el crimen!”.
La resolución ministerial 606 que firmaron la Cancillería y la cartera de Defensa de la dictadura genocida se apoya en que “la operación de venta es compatible con los programas de acción que, en materia de comercio exterior, ha fijado el Gobierno de la Nación”.
Los militares de alto rango que rubricaron la exportación de municiones hacia el Reino Unido fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Washington Pastor y el de Defensa, David Rogelio Horacio de la Riva.
El primero pertenecía a la Fuerza Aérea y llegó a la jerarquía de brigadier mayor. Fue el tercer canciller de Videla después de los marinos César Augusto Guzzetti y Oscar Montes colocados en el cargo por el almirante Emilio Massera.
Cuando el jefe de la junta militar reordenó su gabinete en noviembre de 1978 y desplazó a la Armada de puestos clave, Pastor, un aviador nacido en San Luis, se acomodó en uno de los cargos más codiciados en el organigrama del Estado. Concuñado de Videla, su esposa María Isabel Hartridge era hermana de la mujer del dictador, Alicia Raquel Hartridge.
En la gestión de Pastor se impidió la creación de una comisión en Naciones Unidas para investigar las violaciones a los derechos humanos en el país.
Permaneció en funciones hasta el 29 de marzo de 1981 cuando Videla abandonó el gobierno y lo sucedió otro general condenado por crímenes de lesa humanidad: Roberto Eduardo Viola, quien llevaría a la Cancillería al periodista Oscar Camilión. Un servidor civil del régimen que fue primero embajador en Brasil (1976-1981) y después su ministro.
Su trayectoria como funcionario la completó al frente del ministerio de Defensa, en democracia y durante el gobierno de Carlos Menem. El político desarrollista pasó por la jefatura de redacción de Clarín entre 1965 y 1972. Documentos desclasificados de Cancillería demuestran la sintonía fina que tuvo con la dictadura.
Desde la embajada en Brasilia asesoró a Videla como periodista en vísperas de un viaje oficial al país vecino. Lo orientó sobre las preguntas incómodas que podría recibir de la prensa que ya tenía información sobre las masivas violaciones a los DD.HH cometidas en la Argentina.
La firma de Pastor que autorizó la venta de municiones a Conjay, estuvo acompañada por la del ministro de Defensa, el marino De la Riva. Contraalmirante y compañero de Massera y Armando Lambruschini, fue especialista en seguridad e inteligencia. A pesar de su formación específica y de ser el comandante del Estado Mayor General de la Armada, autorizó la venta que según la resolución ministerial conjunta debía “cerrarse en lapsos perentorios, ya que en general los compradores exigen reducidos plazos de entrega”.
El decreto secreto que autorizó la operación comercial con la compañía británica durante el gobierno de la flamante primera ministra del Reino Unido, Margaret Tatcher –había asumido ese cargo 25 días antes, el 4 de mayo– parece una rareza en la historia del conflicto por Malvinas.
Conjay operaba desde Brentmead House Britannia Road en Londres. Hoy una compañía de nombre semejante (Conjay Firearms & Ammunition Ltd) tiene su sede en Bristol, aunque este diario no pudo determinar si es la misma o una subsidiaria.
Fabricaciones militares había recibido la autorización de Videla para vender al exterior, además: 25.000 fusiles automáticos livianos (FAL) calibre 7,62 mm; 20 mil pistolas automáticas Browning calibre 9 mm; 15 mil pistolas ametralladoras FMK-3 9 mm; 5.000 fusiles automáticos pesados (FAP) 7,62 mm; 50 cañones sin retroceso calibre 105 mm; 200 morteros Brandt de 81 mm y otros 200 de 120 mm y además de mil pistolas lanza-gases de 38,01 milímetros.
No se sabe a dónde fue a parar ese volumen de armamento, aunque es probable que una parte haya tenido el mismo destino que las municiones compradas por Conjay. La empresa “puede suministrar una amplia gama de otros productos que no se enumeran en este sitio web, ¡así que contáctenos!” dice su publicidad en el registro de compañías del Reino Unido, 42 años después de la venta realizada por Fabricaciones Militares y a cuatro décadas de la guerra.
Con la rendición de Puerto Argentino, el gobierno de Tatcher le impuso un embargo de armamento a la Argentina del dictador Leopoldo Galtieri cuyas consecuencias aún perduran. Los aviones Pampa de FADEA (la Fábrica Argentina de Aviones radicada en Córdoba) utilizaban equipamiento británico. La medida progresó desde diciembre de 2011, cuando los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) decidieron que no permitirían el acceso a sus puertos a barcos de bandera inglesa.
(*) Por Gustavo Veiga (Página 12)
