Un juez federal está en el centro de la investigación sobre el cableado de una unidad penitenciaria bonaerense a la que los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista declararon que querían llevar detenidos a Hugo y Pablo Moyano. Se trata de Juan José Baric, actual magistrado federal en La Pampa y exsubsecretario de Política Penitenciaria de María Eugenia Vidal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le dio impulso a una línea de investigación que había propuesto el fiscal Franco Picardi sobre cómo y para qué se instalaron micrófonos y cámaras en la Alcaidía Provincial 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia bonaerense. En esa pesquisa, el rol de Baric puede ser clave.
Alrededor de agosto de 2018, Baric le dijo a la directora de la alcaidía, Natalia Roussillon, que era posible que trasladaran a ese lugar a Víctor Schillaci y los hermanos Lanatta –protagonistas de la Triple Fuga al inicio de la gestión de Vidal. Si eso sucedía, querían que el lugar estuviese bien controlado y que ellos quedaran aislados. Para la seguridad de la alcaidía, Baric le dijo a la directora que iba a ir una empresa a instalar unas cámaras. También le pidió que agilizara los trámites para el ingreso de los técnicos.
Entre el 8 y 9 de agosto de 2018, una cuadrilla de Operaciones Técnicas de la AFI –no una empresa– llegó a Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas, en los locutorios en los que los presos reciben a sus familiares o abogados e incluso en las duchas. A los operarios los asistía un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que también reportaba en la AFI, Andrés Rodríguez.
El cableado no tuvo larga vida. A los pocos días, un penitenciario encontró un cable pintado compatible con un micrófono. Roussillon entró en pánico y pidió al director de alcaidías, Leandro Borghetti, hablar con Baric directamente. Ella le pidió que sacaran los cables. Y finalmente así se hizo.
Cuando los operarios de la AFI estaban ocupados en cablear esa unidad, otro sector de la exSIDE estaba dedicado a visitar jueces para lograr que firmaran una orden de detención contra los Moyano. Así lo declararon tanto el juez Gabriel Vitale como su colega Luis Carzoglio. Los dos recibieron en agosto de 2018 la visita del entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y del director de Análisis Fernando di Pasquale. A Carzoglio le dijeron que Mauricio Macri estaba “obsesionado” con la detención de los Moyano.
Algunos de los espías conocidos como Súper Mario Bros declararon en la Bicameral de Inteligencia que la alcaidía estaba siendo acondicionada para la detención de los dirigentes sindicales e incluso apuntaron contra el director de Operaciones Especiales Alan Ruiz, un hombre que había llegado recientemente a la AFI desde el Ministerio de Seguridad nacional que conducía Patricia Bullrich –de histórica enemistad con los Moyano.
Para desandar esta línea, Martínez de Giorgi ya incorporó los testimonios que Vitale y Carzoglio dieron en el Congreso y le tomó declaración a Carzoglio la semana pasada. Ahora, avanza en analizar los teléfonos de Baric, Borghetti, el asesor Fernando Manzanares, Ruiz, Rodríguez y los cuatros integrantes de Operaciones Técnicas de la AFI que cablearon la unidad (Fernando Wahler, Claudio Marcus, Emiliano Picabea y Sebastián Iglesias). Además, el juez preguntó por los ingresos al Ministerio de Justicia bonaerense de los agentes de la AFI y consultó a la Jefatura de Gabinete si alguno de los investigados estuvo en la Casa Rosada o en la quinta de Olivos entre julio y septiembre de 2018.
El único dato que Martínez de Giorgi no requirió –y que sí había sido pedido por Picardi– fueron los ingresos a la AFI. Como reveló Página/12, Baric estuvo en la exSIDE el 6 de agosto de 2018, dos días antes de que se cableara la unidad. El actual juez federal de La Pampa confirmó al diario La Arena su presencia en la dependencia que estaba al mando de Gustavo Arribas, aunque dijo que no estuvo vinculado al espionaje. En la causa en la que se investiga la denominada «Gestapo» antisindical, surgió que eran frecuentes las visitas de funcionarios de Vidal al edificio de 25 de mayo.
Baric le dijo al medio pampeano que había estado en la AFI con Alan Ruiz para buscar tecnología –cámaras para una unidad penitenciaria. Sin embargo, cuando la causa estaba en Lomas de Zamora, el Ministerio de Justicia provincial informó que no había ningún tipo de convenio entre el SPB y la AFI.
Mientras avanza con estas medidas, Martínez de Giorgi espera tomarle declaración testimonial el próximo lunes a Mariano Macri, el hermano del expresidente que le dijo al periodista Santiago O’Donnell que el exmandatario se había engolosinado con el “juguete” del espionaje. La cita será por Zoom a las 15 después de que Mariano Macri pidiera retrasar su declaración por cuestiones de salud.
