Una técnica superior en seguridad electrónica y diplomada en informática forense, que trabajaba en el Cecom de Pico, realizó una denuncia el 17 de noviembre en la Unidad de Atención Primaria del MPF.
Una grave denuncia se produjo en General Pico: Una mujer acusó a su jefe y oficial superior policial por malos tratos, acoso laboral y sexual. Ante la posibilidad de que trascendiera la noticia, la Jefatura de Policía tomó una lamentable decisión trasladando al comisario acusado al área del «Departamento de Judiciales» de Santa Rosa, escribió el columnista Juan José Reyes en el diario La Arena.
Si bien el MPF aún no ha caratulado la causa, ya que no ha finalizado la Investigación Preliminar Preparatoria (IPP) para después elevarla a juicio si corresponde, la acusación reviste mucha gravedad; no solo por la situación actual del oficial denunciado en su nuevo cargo -donde podría investigar hechos de índole similar a los que se le imputan-, sino también porque la víctima fue trasladada y dice que «sigue siendo perseguida».
La víctima ingresó a las filas policiales en el año 2015, como pasante en la Comisaría Tercera de aquella localidad, y en 2018 fue ascendida al Cecom de la Unidad Regional II. Al poco tiempo de comenzar a operar en aquella unidad, de 60 a 90 días, empezó a ser acosada por su jefe directo, primero vía Whatsapp, diciendo que «quería verla fuera del ámbito laboral», y después en forma verbal directa con «insinuaciones de índole sexual a toda hora, sea a la noche o a la madrugada». Además, en horario de trabajo, se repetían las escenas de «guiños de ojo» y de tocarle la mano cuando le entregaba algún documento diciéndole «que la extrañaba y cuándo iba a estar con él y que quería besarla».
INTIMIDACIÓN
Lo que caracteriza a este tipo de agresión no es más ni menos que la insistencia e intimidación a una persona con fines sexuales. Para la ley a nivel nacional, el acoso -para serlo- debe involucrar relaciones jerárquicas, como por ejemplo en una situación de empleado. Este caso es lo que efectivamente acusa la técnica, ya que se considera acoso a cualquier comportamiento de índole sexual, sea físico o verbal, no solicitado ni deseado por la persona que es víctima y que atenta contra su dignidad.
A partir de ahora la investigación de la fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial será clave para determinar las implicancias de este hecho que hasta las máximas autoridades policiales han querido esconder con sendos traslados.
LICENCIA
Cuando llegó la pandemia de Covid-19 en 2020, la víctima se tomó la licencia extraordinaria para personas con riesgo, en virtud de los problemas físicos que ella padece. Aún así, gozando de aquella licencia seguía la persecución a través de mensajes, que prosiguieron durante un tiempo más.
En agosto pasado ella se reincorporó a su trabajo y por haber presentado su diplomatura informática pretendía ser ascendida en el escalafón profesional de la fuerza. Pero ese trámite primero tenía que pasar por su jefe (el denunciado) y después ser elevado a la UR II para su aprobación. Habida cuenta de que ella no cruzó la cadena de mandos, es decir que solamente le entregó los títulos a su jefe y no en forma directa a la Jefatura, aduce textualmente que «alguien hizo llegar los papeles a la Jefatura», aludiendo a su jefe ya que era el único que los tenía y contaban con su firma.
Allí se iniciaron las fuertes represalias ya que el acosador le decía reiteradamente que era porque ella «no le daba bola». Cuando quiso oponer un recurso para explicar que ella no entregó los certificados, el segundo jefe del Cecom de Pico le aconsejó no hacerlo «pues iba a ser peor». Exactamente así fue: la sancionaron con 10 días de arresto «por evadir la cadena de mando». Estuvo arrestada en la misma unidad policial en la que siguió trabajando hasta su traslado definitivo a «trabajos de calle».
Pero como la persecución se agravó con presiones psicológicas, habría una ampliación a la denuncia original. Ni que hablar del acosador laboral y sexual que en principio se lo trasladó al Comando (al REPAR), con un ascenso al que después se le dio marcha atrás, y actualmente (D-5 (RS) en el Departamento Judicial de la Jefatura (520/21 «J» DP). ¿Se imaginan al supuesto victimario resolviendo cuestiones judiciales de la policía relacionadas a hechos como en los que está denunciado?
