La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) aprobó una serie de dictámenes sosteniendo que «la laboriosidad debe cultivarse como una virtud característica de los jueces» y añadió que la medición del trabajo de ellos «no es solo número, sino que también implica un diagnóstico de la situación real de los tribunales». Además solicitó «prudencia» y un «cuidado especial» con el uso de las redes sociales, y subrayó la necesidad de proteger «los datos personales como derecho fundamental de los ciudadanos». Otra conclusión fue la necesidad de continuar profundizando en la perspectiva de género.
La CIEJ forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias compuesta por 23 países, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región. El representante argentino en ella es el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía.
La Comisión –integrada además por representantes de Brasil, Uruguay, España, Cuba, Colombia, Portugal, República Dominicana, Paraguay y Costa Rica– sesionó en la ciudad española de Barcelona y aprobó dos dictámenes, uno sobre laboriosidad y otro acerca del abuso de jurisdicción por los jueces.
A su vez, en una reunión conjunta con la Comisión Española de Ética Judicial, la CIEJ dio a conocer otro par de resoluciones relacionadas con el secreto profesional y la discreción judicial en un entorno de transparencia; y la medición del rendimiento de los jueces, la prevención de los riesgos laborales y la ética.
CANTIDAD Y CALIDAD
Sobre esos temas, la CIEJ planteó que «la laboriosidad (de los jueces) debe estar vinculada con la diligencia» y que «en cualquier caso, el control y la medición del rendimiento de los jueces no son contrarios a la independencia judicial, sino que la refuerzan».
«En la apreciación de la laboriosidad debe tomarse en consideración tanto la cantidad como la calidad de la producción jurisdiccional (…) A la hora de garantizar una actuación eficaz de los jueces, debería asegurarse una cantidad que garantice la calidad, entendida como tutela judicial efectiva de la ciudadanía», indicaron los comisionados.
«La medición no es solo número, sino también implica un diagnóstico de la situación real de los tribunales (…) En este contexto, es preciso abogar por unos tribunales independientes pero responsables, que rindan cuenta de su actuación, sin interferir en su independencia», agregaron.
Más adelante, otra de las conclusiones fue que «desde la perspectiva ética, los jueces deben tener una actitud positiva y estar dispuestos a ser evaluados. La evaluación no puede poner en peligro la independencia, por lo que deben establecerse criterios claros de valoración en el estatuto de la magistratura. Tiene que haber índices objetivos que tengan en cuenta los casos finalizados y los casos pendientes y su complejidad, y deben establecerse métodos de trabajo apropiados».
DATOS Y PRUDENCIA
En otro de los dictámenes, la CIEJ destacó «la importancia de buscar un equilibrio entre la transparencia y el deber de reserva y el secreto profesional en el ejercicio de la función judicial» y reconoció que «la generalización de la oralidad aumentó el grado de transparencia de los tribunales, lo que constituye una garantía de legitimidad en el ejercicio de la función judicial».
Enfatizó que, desde la perspectiva ética, «los desarrollos constitucionales y legales en la protección de los datos personales» deben verse como «un derecho fundamental de los ciudadanos», y por ello indicó que «la transparencia tiene límites legales».
Al vincular ambos temas, la CIEJ pidió «tenerse un especial cuidado con el uso de las redes sociales» porque «pueden comprometer, de no actuar con una prudencia reforzada, el cumplimiento de los deberes profesionales de reserva y secreto profesional que corresponde a quien ejerce el Poder Judicial».
Con relación al «ejercicio abusivo de la jurisdicción», concluyó que «constituye una mala práctica, no solo deleznable y reprochable jurídicamente, sino que también representa la expresión de un comportamiento ético inidóneo».
Finalmente, la Comisión acordó continuar con «los trabajos relativos a la perspectiva de género en el ejercicio de la función judicial en clave ética», cuya ponencia se encomendó a la comisionada cubana Saucedo Pérez.
