Franco Gabriel Hernández (25), el ceo de la empresa financiera que está acusada de haber perpetrado una megaestafa que supera el medio millón de dólares, quedó imputado en una causa penal por el delito de estafas. Hasta la fecha ya hay unas 72 denuncias y no se descarta que puedan aparecer más damnificados.
La causa ya tiene con Hernández a cuatro imputados. Los tres restantes, fueron formalizados semanas atrás, y dos de ellos quedaron detenidos con prisión preventiva. Hernández se entregó en una comisaría de Capital Federal a principios de semana, luego que se mantuviera prófugo de la Justicia piquense durante varias semanas.
La jueza de control, Nora Gómez, el viernes le formalizó una investigación fiscal preparatoria por el delito de Estafas reiteradas en concurso real, en calidad de coautor, al joven de 25 años de edad que está señalado como el ceo de la empresa Market Capital, que supo tener oficinas en General Pico y que captaba a inversores para un fondo de inversión, que prometía rentas mensuales exorbitantes.
La jueza, tras escuchar cada uno de los pedidos de las partes, le dictó la prisión preventiva a Hernández por el plazo de 90 días.
Tanto el fiscal general Armando Agüero, como el querellante particular, Michel Divoy, habían pedido la prisión preventiva del acusado hasta la finalización del proceso. En tanto, el defensor oficial Guillermo Constantino, solicitó el arresto domiciliario por el término de tres meses o la utilización de una tobillera magnética. De forma subsidiaria, en caso que se dispusiera la prisión preventiva, solicitó que no superara los 90 días.
ESTAFAS
Durante la primera parte de la audiencia, Agüero explicó que la empresa ofrecía integrar fondos de inversión con un depósito mínimo de 100 mil pesos y que las rentas prometidas, en algunos casos ascendían al 20 por ciento mensual. También dio cuenta que la firma también ofrecía la conversión de pesos a dólares y hasta su propia cripto moneda.
Según explicó el fiscal, la firma comenzó a operar en 2021 en algunas oficinas alquiladas en Pico y que en 2022 ya tuvo su página web, desde la que mostraban los presuntos beneficios de las inversiones. En ese mismo sitio, Hernández aparecía en la figura de ceo o gerente.
Los primeros inversores lograron capitalizar su renta, pero en febrero de este año, según dijo el fiscal Market Capital comenzó a tener problemas para devolver el dinero y comenzó a estirar los plazos de retención de capital.
La primera denuncia data del 3 de mayo, tiempo después de que el diario La Arena revelara la estafa que estaba por llegar a los Tribunales piquenses. Hasta el momento hay 72 denuncias por una suma superior a los 650 mil dólares y a los 23 millones de pesos.
SIN REGISTROS
Durante la audiencia Agüero dio cuenta que a modo de inducir las inversiones, la empresa ofrecía una renta exhorbitante, superior a la que puede dar el sistema bancario y cualquier actividad lícita. Indicó que se trataba de una estafa desde el momento que ofrecía una renta segura aunque a través de un negocio de riesgo.
También señaló que una vez que la firma comenzó a incumplir con el pago de los contratos, comenzó a deshacerse de toda evidencia y por ello, en los allanamientos no se encontraron contratos con los damnificados, sino papeles sin ninguna validez. La empresa no hizo nunca un registro formal de las inversiones, al punto que los contratos se hacían en formularios comprados en librerías, con casilleros que se tachaban.
La jueza ordenó que se mantuviera la detención de Hernández por el plazo de 90 días, tras entender que el imputado no tiene arraigo en la ciudad, que estando libre puede obstaculizar la investigación y que tiene los medios económicos para fugarse.
IMPUTADOS
El 11 de mayo, el juez de control, Diego Ambrogetti, le formalizó la investigación a Juan Pablo Heim, a David Federico Domínguez Chap y a José Chap, tres de los cuatro sospechosos. A Heim y a Domínguez Chap, les dictó la prisión preventiva por 90 días.
A la semana siguiente, el abogado Mariano Sánchez, defensor de Domínguez Chap, pidió el rexamen de la medida de coerción, pero el juez la mantuvo la prisión preventiva. Incluso el planteo llegó al Tribunal de Impugnación Penal, que rechazó el pedido de revocar la medida coercitiva.
En cuanto a José Chap, quedó imputado en la causa, pero atraviesa el proceso en libertad dado que además se transformó en denunciante de Hernández y es el único que presentó un contrato que lo muestra como inversor en la empresa. En ese entonces, había 19 denuncias por una suma estimada de 230 mil dólares.
Hasta el momento, muchos de los damnificados son policías (algunos de ellos de alto rango), que fueron captados por el imputado José Chap, quien pertenece a la fuerza policial.
