El activismo y las estrategias que lograron apoyo social para la interrupción legal y voluntaria del embarazo en Argentina, consagrada por ley desde el 2020, son analizadas hace años por militantes de derechos humanos de Estados Unidos para replicar la experiencia ahora que la mayoría conservadora de la Corte Suprema anuló el derecho al aborto, que era legal en el país desde 1973.
Argentina «llamó la atención, no sólo en países de América Latina que tomaron sus pañuelos verdes y el anhelo de repetir esa movilización social que se inició en 2018 con el primer debate parlamentario por la ley, sino también de organizaciones, académicas, activistas y políticos de Estados Unidos», dice a Télam la abogada Agustina Ramón Michel, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de la Universidad de Palermo.
La profesional pone en contexto las diferencias institucionales que hay entre Estados Unidos y Argentina para acceder al derecho.
En 1973 la Corte Suprema estadounidense, en el fallo Roe vs. Wade, se pronunció a favor del derecho al aborto «bajo el derecho a la privacidad», explica la abogada.
Se inició así un proceso en que en cada Estado de ese país se comienzan a dictar regulaciones sobre la práctica.
«Cada Estado decidía bajo qué condiciones, si hacía falta tiempo de espera obligatorio, ecografías obligatorias, cómo accedían las adolescentes, entre otros criterios, y esto llevó, por ejemplo, a poner plazos acotados, en algunos casos, de sólo 6 semanas. Y llevaba así a nuevos litigios», resume la investigadora.
Uno de eso litigios llegó desde Misisipi. Fue la fiscal general republicana de este Estado, Lynn Fitch, quien llevó ante la Corte el caso Thomas Dobbs (director de Salud estatal) contra la clínica Jackson Women’s Health Organization.
El centro médico -único que garantiza la práctica en ese Estado- presentó una demanda contra Misisipi en 2020 después de que la Legislatura restringiera el acceso al aborto a 15 semanas de gestación sin incluir excepciones por violación o incesto.
«En este contexto, donde ya se tenían noticias de que el fallo de la Corte no iba a favorecer el derecho al aborto, muchos actores claves estuvieron mirando con atención el proceso argentino», señala Ramón Michel.
Y aclara que «cada país hace uso de la vía institucional que se encuentra mas abierta a este tema. Por muchos años, instituciones como congresos o legislaturas se mantuvieron cerradas a este tema. En cada país, las organizaciones, los movimientos, hacen uso de las vías institucionales que tienen disponibles».
En Estados Unidos ha sido la Justicia, pero en Argentina se hizo a través del Poder Legislativo.
«Entonces, no es que las activistas, políticas, académicas involucradas en este tema en Estados Unidos miren a Argentina anhelando tener el debate en el Congreso, sino ante todo por el activismo, la movilización, por el apoyo social, lo que llamamos la despenalización social del aborto que se logró en el país», destaca la profesional.
Para Argentina «es muy importante tener una ley de interrupción del embarazo porque se aplica en todo el territorio de la Nación, y se debe a que el Congreso tiene la competencia de regular para todo el país. Eso nos diferencia Estados Unidos», agrega.
Desde Nueva York, la activista argentina Giselle Carino, que reside allí hace 20 años, dice a Télam que «hay un retroceso; es una indicación de la fragilidad de los procesos y las instituciones democráticas en Estados Unidos».
Ella lidera la organización Fos Feminista, una alianza internacional por la salud y la justicia sexual y reproductiva, que representa a 170 organizaciones de mujeres en el mundo.
«Es un intento de avance de un partido anti sistémico, anti democrático, que busca erosionar, no solo el derecho al aborto, sino otros derechos fundamentales de las personas en Estado Unidos», remarca, y considera que «tendrá consecuencias duras en el resto del mundo, porque Estados Unidos tiene influencia y esto va a reavivar fuerzas conservadoras y retrógradas».
