Mientras la Confederación General del Trabajo y los movimientos sociales se manifestaban en el centro porteño contra «los formadores de precios», el Gobierno nacional lanzó una convocatoria a compañías de consumo masivo para el miércoles que viene.
Según adelantaron fuentes oficiales, participarán Sergio Massa, Miguel Pesce y Matías Tombolini. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández había anticipado un llamado a empresarios y sindicalistas para realizar un acuerdo de precios y salarios por 60 días.
Este miércoles por la tarde, empresas con peso en las góndolas de alimentos, bebidas, limpieza e higiene, recibieron llamados por parte de funcionarios del Gobierno. El motivo fue convocarlos a una reunión el miércoles próximo. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, es quién organizó el cónclave.
En principio, el tono de la convocatoria es muy distinto al que los gremios y los movimientos sociales le imprimieron a la manifestación de ayer contra los formadores de precios. “Queremos escucharlos, ver que necesitan para incrementar sus inversiones, proyectar el 2023, por supuesto que habrá intercambio por los acuerdos de precios y el tema inflación, que hoy es nuestra mayor preocupación”, dijeron fuentes oficiales a Ámbito.
Un empresario de fluido diálogo con la Casa Rosada, acercó una propuesta para aplicar una especie de “torniquete inflacionario”. Esto incluiría el reacomodo de una serie de variables: dólar, sueldos, tarifas y un posterior congelamiento de precios. Si bien en el Gobierno nadie confirma que se vaya rumbo a una medida de shock de ese calibre, preocupa la velocidad de la suba de precios que comienza a adquirir características inerciales.
De la presencia del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se desprende que también se conversará sobre las restricciones que operan en el acceso al mercado de cambios para importar insumos. Las firmas advierten que el margen para sostener la actividad es cada vez más estrecho. Aseguran que en los últimos días el Gobierno volvió a “pisar” las compras al exterior.
Hasta el momento no se dieron a conocer casos relevantes de suspensión de turnos o frenos en la producción, pero en algunos rubros que tienen mayor dependencia de insumos que no se producen en el país, como la electrónica, ya hubo reacomodamientos de horarios en función de las limitaciones.
La semana pasada, durante la inauguración de un mercado popular en Lomas de Zamora, el presidente Alberto Fernández llamó a empresarios y sindicalistas a lograr un acuerdo de precios y salarios por 60 días para «resolver el problema de la inestabilidad que sufren los argentinos».
Antes, en el día de su asunción como ministro de Economía, Massa había anticipado una convocatoria a la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina para determinar un método de compensación para los sueldos. Sobre ese cónclave, no se cursaron invitaciones oficiales aún.
A raíz de la escalada inflacionaria, que marcó su punto más alto en el año durante julio, en el gabinete económico analizan herramientas que van desde un aumento de salarios de suma fija generalizado hasta la entrega de un bono que podría pagarse en más de una cuota por una cifra cercana a los $70.000. Es desde el propio sindicalismo que rechazan la idea de una suba salarial por decreto que se incorpore al salario básico de los trabajadores. Entienden en la CGT que esto debilitaría su posición en las paritarias y que generaría “distorsiones”.
La parada previa a ese debate será el lunes que viene cuando se concrete la postergada reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Si bien este indicador tiene impacto directo sobre los programas sociales e influye menos en los asalariados formales, será un termómetro del tono de las discusiones que se vienen entre empresas y sindicatos.
