La AFIP denunció penalmente a Susana Giménez por presunta evasión fiscal, luego de que la diva no presentara la declaración jurada de Bienes Personales en 2019. El montó exigido alcanza los $50 millones y podría llegar a $300 millones por multas.
Ante la denuncia, Susana sostuvo que el impuesto es «confiscatorio» y que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”.
“Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional”, dijo el contador y abogado de Susana Giménez, Cesar Litvin.
“Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, agregó Litvin en diálogo con Infobae.
La denuncia de AFIP se radicó en los tribunales del fuero en lo penal económico y quedó a cargo del juez Diego Amarante.
La denuncia no solo recae sobre Susana sino también a quienes puedan haber sido “coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos cometidos en beneficio de la contribuyente en perjuicio de Dirección General Impositiva» y de haber “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″.
Al respecto, Letvin agregó que “la AFIP hizo una denuncia penal porque entendió que la falta de presentación en término era un engaño, cosa que es un absurdo, un disparate, porque la falta de presentación de la declaración jurada no genera ningún tipo de ocultamiento. Tengamos en cuenta que era la pandemia y era difícil recolectar la información. Fue una demora. Entender que eso fue engaño es un absurdo”.
