La Corte Suprema de Justicia recibirá un segundo expediente donde se discute si las denuncias por supuestas torturas cometidas por exmilitares argentinos contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.
El máximo tribunal argentino analiza desde mediados de 2021 un recurso extraordinario federal presentado por la fiscalía y las partes querellantes contra un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal que consideró prescriptos los delitos, en un fallo en mayoría y que involucra la situación de uno de los imputados en el caso, Jorge Ferrante, cuyo procesamiento fue anulado por Casación.
Ahora, la misma cámara declaró la admisibilidad de un nuevo recurso extraordinario planteado en torno a la situación de los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, también procesados (por el delito de “vejaciones”) hasta que el 30 de mayo de este año Casación anuló el fallo con el criterio de que los delitos están prescriptos.
El recurso que depositará el caso ante la Corte fue presentado por el fiscal Javier De Luca y por abogados del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (Cecim), la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la querella representante de las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías.
Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana Mara Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña coincidieron en que la causa debe llegar a la Suprema Corte porque “los agravios expuestos remiten al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho de gentes y categorías de derecho penal internacional y derecho internacional humanitario”, sostiene el escrito judicial que al que accedió Télam.
También argumentaron que, al tratarse de presuntos crímenes de guerra, tortura y/o graves violaciones a los derechos humanos, “se encuentra en juego la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar a sus responsables, cuyo incumplimiento generaría responsabilidad ante la comunidad internacional”.
En otro orden, los magistrados indicaron que los recursos fueron presentados “por quienes se encuentran legitimados para hacerlo” y para ventilar “cuestiones de índole federal”
La megacausa por torturas y violaciones a los derechos humanos de soldados en la guerra de Malvinas está a cargo de la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, quien declaró los delitos como de lesa humanidad imprescriptibles.
Sin embargo, en mayo de 2021 esta decisión fue revocada en Casación, en el fallo del caso Ferrante que está en la actualidad bajo revisión en la Corte Suprema.
En forma paralela, los exmilitares Gassino, Garde y Calderini fueron indagados a fines de 2019 y quedaron procesados en febrero de 2020 por «imposición de tormentos», como estaqueamientos y enterramientos de los soldados castigados en mayor parte por salir en busca de comida, ya que pasaban hambre extrema.
En abril de 2021, la Cámara de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre el juzgado de Tierra del Fuego, confirmó los procesamientos y cambió el delito a «vejaciones», pese a lo cual igual los consideró como de lesa humanidad e imprescriptibles, hasta que en mayo de este año Casación volvió a aplicar el precedente Ferrante y anuló por mayoría los procesos al considerar que los delitos estaban prescriptos.
De esta manera, ya sea por el caso Ferrante como por el de Gassino, Garde y Calderini, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la cuestión de fondo en los próximos meses.
Si bien la Corte ya emitió un pronunciamiento relacionado a este tema en el caso “Taranto”, lo hizo entendiendo que la apelación había sido presentada fuera de los plazos legales, sin ingresar en el debate sobre si los delitos deben ser considerados o no como crímenes de guerra e imprescriptibles, explicaron los voceros judiciales consultados.
La investigación por supuestas torturas a soldados en Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos e impulsó las denuncias en el juzgado fueguino.
En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los conscriptos o si, en cambio, se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares partícipes de la guerra.
