La presidenta del bloque de concejales de Cambiemos, María Emilia Romero, utilizó la banca legislativa para hacer una autodefensa pública de las denuncias por malos tratos escolares que realizaron ante la Justicia los padres de los alumnos de la Escuela 251 «Horacio Coria» de Eduardo Castex. La edila criticó a la prensa porque supuestamente «desinforma» y «ensucia», y también a los usuarios de redes sociales porque opinan «sin conocimiento de causa y en ocasiones profundizan la vulneración de derechos de la víctima».
Apelando a la estrategia futbolística que establece que la mejor defensa es un buen ataque, Romero pronunció el inesperado, y más inexplicable, discurso en la última sesión del Concejo Deliberante local. Fue la primera expresión pública que formuló la edila, después de las presentaciones realizadas -en septiembre- por padres de alumnos de tercer grado de la Escuela 251, donde la acusaron de malos tratos escolares. Esto tuvo una fuerte repercusión social por la también función legislativa de la acusada.
La presidenta de la bancada de ediles de Cambiemos aprovechó que el concejal Omar Rojas (PRO-Eduardo Castex) presentó un proyecto de apoyo a la Ley Lucio, para contrarrestar indirectamente las versiones periodistas que formularon la fiscala Cecilia Molinari y el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Daniel Pérez, quienes confirmaron las denuncias y aportaron detalles a los medios de comunicación del contenido de las presentaciones realizadas por -al menos- dos progenitores. Además, se victimizó acusando a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales.
Sobre Romero pesan dos presentaciones -una denuncia y una exposición policial- en la comisaría departamental de Eduardo Castex, que derivaron en el desplazamiento de su cargo al frente de alumnos, porque desde el Ministerio de Educación de La Pampa consideraron apropiado que permanezca alejada del aula para no entorpecer la investigación interna, mientras actúan el Tribunal de Disciplina de Educación y paralelamente también tendría intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Además, se sustancia una causa judicial en la Fiscalía Adjunta local.
TODOS MIENTEN
Según Romero, la aplicación de la Ley Lucio debe establecer que «en cualquier caso se deberían cumplir, sin obviar y sin eludir, todos los pasos del protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, para los organismos administrativos de niñez y para los jueces con competencia en familia».
«Hay un principio muy importante -continuó- que se menciona en la Ley Nacional 26061 y la Ley Provincial 2703, y que hace referencia a la corresponsabilidad, donde todos los organismos involucrados con niños deben trabajar juntos y unidos en función de su bienestar, y si no existe esta corresponsabilidad nada funciona».
Después, cerró con criticas a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales. Consideró que se debe «remarcar la importancia de la responsabilidad de los medios de comunicación, porque mientras algunos informan, otros desinforman, confunden y ensucian».
«Lamentablemente en las redes sociales cualquier persona puede opinar sin conocimiento de causa y en ocasiones profundizan la vulneración de derechos de la víctima», agregó.
LESIONES Y CÁMARA GESELL
La docente y concejala María Emilia Romero ya declaró -en los últimos días de octubre- en «calidad de imputada» en una causa judicial por lesiones, confirmó la fiscala Cecilia Molinari. «Aún no está formalizada la investigación, pero se le tomó declaración en calidad de imputada», explicó.
En la causa judicial que se instruye en la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex ya declararon varias personas en la etapa de investigación preliminar, donde se produjeron «distintos tipos de pruebas, se están recolectando evidencias y se está haciendo la investigación correspondiente para este tipo de hechos, con informes médicos, requerimientos documentales a distintos organismos y entrevistas a distintas personas».
Si bien los trascendidos son diversos, y algunos plantean la multiplicidad de episodios similares, actualmente se investiga una denuncia radicada en el mes de septiembre, y en el expediente se incorporó otro caso que se habría radicado previamente.
Molinari admitió que la investigación judicial planteó la posibilidad de que el niño declare en Cámara Gesell. «Esto debe establecerse previamente con una evaluación que hacen en la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo, a la cual ya se le dio intervención. Los profesionales evalúan si la criatura afectada está en condiciones de brindar un testimonio en Cámara Gesell. Si el niño está apto, su declaración ya sería una prueba», detalló.
Ahora la investigación espera el informe de la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo, y también informes administrativos requeridos a otros organismos.
