La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió iniciar acciones judiciales de nulidad contra la sociedad Sacha Rupaska por tratarse de una «entidad simulada», según la denuncia a la cual tuvo acceso Télam.
Según la Resolución Particular Nº 1448/22 de este miércoles, la firma Saha Rupaska esta integrada por «testaferros», entre ellos Luis María Méndez Ezcurra, cuñado del exministro de Finanzas Luis María Caputo y esposo de Rossana Pía Caputo -quién tiene una causa judicial abierta por transferencias de dinero por la compra de muebles a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal-, precisaron fuentes oficiales.
«La sociedad se constituyó en el año 2007 para dedicarse a la explotación agropecuaria, con un capital social mínimo de $ 12.000. Los fundadores fueron el anteriormente mencionado Luis María Méndez Ezcurra y el Sr. Horacio Iván Gándara, la cual a los dos meses de inscripta, se incorporó el Sr. Luis Andrés Caputo como accionista mayoritario con el 60% de las acciones», se desprende de la denuncia que encaró el ministerio de Justicia a través de la IGJ.
Según se informó, Méndez Ezcurra es conocido, junto al restante socio de Sacha Rupaska, Horacio Iván Gándara, por haber comprado campos en Santiago del Estero “con un pueblo adentro”.
En el campo habitaban 84 familias -aproximadamente 800 personas-, hecho este acaecido en el año de la constitución de la sociedad anónima, que tuvo gran repercusión pública en su momento.
Para la IGJ «la sociedad Sacha Rupaska S. A. sólo fue constituida para ocultar estos importantes campos ubicados en la Provincia de Santiago del Estero, con una superficie aproximada de 15.000 hectáreas».
Asimismo, las mismas fuentes precisaron que «esta sociedad nunca funcionó regularmente: nunca realizó actividad económica alguna; los directores -que eran los mismos fundadores- percibieron honorarios, ni tampoco hubo jamás distribución de dividendos. La propia sociedad en sus estados contables reconoció que jamás desarrolló actividad comercial. Sus balances son defectuosos e irregulares y tampoco aumentó su capital social que sigue siendo de $12.000».
También se denunció que la sociedad no cumplió con sus obligaciones ante la IGJ.
«Uno de los pocos movimientos contables de la sociedad consiste en la inclusión en el pasivo de una deuda con el Sr. Luis Caputo, por un total de $ 2.975.711, que Caputo nunca reclamó y la sociedad jamás canceló a pesar de haber sido contraía hace más de quince años».
Asimismo, se identificó que «todas las asambleas carecen de valor legal alguno, ya que no cumplieron con el requisito de la publicación del edicto de convocatoria en el Boletín Oficial, y tampoco fueron unánimes pues jamás asistió a ninguna de ellas el Sr. Luis Caputo, a pesar de estar inscripto en el libro de accionistas y ser reconocido por los aparentes socios como un verdadero accionista».
Por último, la IGJ consideró que «los parámetros de funcionamiento de esta original sociedad, son exactamente los mismos que las sociedades Hidden Lake S.A., Yuto S.A., Salvattore Group S.A.S., Finca Cuchuy S.A., Latin Bio S.A. y Salta Cotton S.A., entre otras, todas vinculadas a prominentes funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, esto es, meras estructuras formales que violan todo el ordenamiento societario y que están al servicio exclusivo de su verdadero dueño, como en este caso es Luis Andrés Caputo», culminó.
