El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.
«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti», afirmó el mandatario a través de una carta, que difundió la Casa Rosada.
Agregó que «también requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».
El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
En su carta, Fernández aseveró que «al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere»
De esa manera, afirmó: «Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».
Y sostuvo que es su deber «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».
Además, Fernández afirmó que en los últimos meses se ha visto «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina» y aseguró «diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia».
«Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado».
Luego, en una entrevista concedida a C5N en Brasil, Fernández expresó su «preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes».
«Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión» de la justicia en los otros poderes, consideró.
Y apuntó a Rosatti: «En particular su presidente, que tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso».
«En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura», advirtió.
Fernández añadió que «uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo ‘no viajamos, no me pagaron el viaje'», en alusión al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a esa zona patagónica.
«Esto me parece muy preocupante: vemos a jueces, a fiscales, con un vinculo absolutamente promiscuo con empresarios, todos coinciden en una lógica, que es una lógica judicial estigmatizada, y ser tan sumisos con las singularidades de otros», abundó.
También dijo que tomó personalmente la decisión de impulsar el juicio político a Rosatti. «Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé», aseveró.
CHATS
La última semana trascendieron presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, entre otros temas.
Sobre estos chats, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó que «no puede ser que Rosatti siga en la Corte. No puede seguir hasta que esto se resuelva. No sé si la palabra es obsceno o pornográfico. Esto es un escándalo sin precedentes y es muy grave para todo el país».
El gobernador había considerado que los chats «muestran el manejo de los fallos judiciales y la connivencia» entre parte del Poder Judicial y funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC).
«No me corresponde decirle a Rosatti que renuncie. Ya tendría que estar explicándole a la sociedad y a todos los poderes del Estado qué está pasando», afirmaba Zamora.
En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había sostenido que Rosatti «no puede seguir un minuto más a cargo de este tema después de este chat», en referencia a la causa por la coparticipación.
En la carta publicada, Fernández comunicó que le ordenó al Ministro de Justicia, Martín Soria, que «promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo».
Entre los chats filtrados, también hay una conversación entre D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad.
El pedido de enjuiciamiento a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados que luego será analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, y luego si tiene dictamen se deberá aprobar la acusación con los dos tercios en el recinto de sesiones.
Hasta ahora no se han abierto a investigaciones los pedidos de juicio político debido a que ni el FdT ni JxC consigue alcanzar los dos tercios de los miembros presentes en la sesión por la extrema paridad que existe en la Cámara de Diputados.
FALLO JUDICIAL
El fallo de la Corte del 21 de diciembre, en el que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, fue cuestionado desde el Poder Ejecutivo Nacional como por 18 mandatarios provinciales.
De todos modos, Fernández para cumplir esa cautelar propuso un pago en un bono para el 2031 que fue rechazado por Rodríguez Larreta.
Tras ese fallo, al día siguiente, Fernández mantuvo una reunión con 14 gobernadores, quienes en conjunto rechazaron la resolución del máximo tribunal.
En esa ocasión, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán había señalado: «Hoy salió un fallo injusto que hace trizas el federalismo y sale el jefe de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) diciendo que es un fallo histórico para la Argentina, mentira».
En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había señalado que «el fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional, ya que Capital Federal no es una provincia».
En la misma línea, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, había expresado que «el fallo de la CSJN sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo».
«Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación», agregaba.
En ese sentido, Fernández afirmó en el comunicado difundido que en los últimos meses se ha visto «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina» y aseguró que «diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia».
