Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur llegaron a un acuerdo de refinanciación de la deuda que acumularon durante los últimos años con la compañía bajo conducción estatal Cammesa, cuyo monto total asciende a 219.615 millones de pesos. Pero sólo deberán pagar 80.210 millones entre ambas, en 96 cuotas y a tasa en pesos subsidiada, ya que el resto, $ 139.405 millones, es una fabulosa condonación de deuda otorgada por el Ministerio de Economía como parte del acuerdo.
Otras distribuidoras del interior también fueron beneficiadas con un modelo similar de acuerdo de refinanciación. Pero Edenor y Edesur representan casi la mitad de una deuda total de las distribuidoras de todo el país con Cammesa por $486.419 millones: casi medio billón de pesos.
Dicha deuda se fue acumulando como consecuencia, en parte, del modelo de «privatización asimétrica» (más beneficioso para los concesionarios que para los usuarios, en todos los casos) del sistema energético implementado durante el gobierno de Carlos Menem (década de 1990). El sistema eléctrico se dividió en tres tramos: la generación (usinas térmicas e hidroeléctricas, que se privatizaron de a una), la transmisión (administradores del cableado de alta tensión) y las distribuidoras por región (que le venden la energía eléctrica a los usuarios).
A su vez, se creó como mecanismo regulador una compañía administradora del mercado mayorista eléctrico (Cammesa, por su sigla), bajo conducción de la Secretaría de Energía, para que se ocupara de comprar la energía a las distintas fuentes alternativas de generación, y se la vendiera a las distribuidoras, garantizando el abastecimiento de todas ellas a un precio equivalente.
Cuando empezaron los reclamos de las distribuidoras por un aumento de tarifas buscando recomponer sus márgenes de ganancias, Mauricio Macri (presidente hasta diciembre de 2019) lo resolvió con un sideral tarifazo, cargando sobre las espaldas de los usuarios la satisfacción de la demanda de más ganancias de los concesionarios de la distribución. La consecuencia fue que la medida alimentó, como si se echara nafta al fuego, el ritmo de la inflación, que impactó especialmente en los últimos dos años de gestión macrista.
Ya con Alberto Fernández en el gobierno, y ante una nueva oleada de reclamos de las distribuidoras por más aumentos, la respuesta fue postergar primero el debate tarifario y luego permitir que las distribuidoras le compraran a Cammesa la energía con pagos parciales o, directamente, sin pagarle. Así, se financiaron a través de la empresa bajo control estatal el flujo de ingresos, sin pagar por la energía que vendían.
La deuda acumulada es la señalada más arriba. La situación, de por sí absolutamente inestable, tuvo un brusco cambio de orientación con la llegada de Sergio Massa a la conducción económica. En primer lugar, definió una revisión del sistema de tarifas provocando un aumento en los ingresos de las concesionarias privadas del sistema eléctrico y luego, una baja importante en los subsidios que otorgaba el Estado y que beneficiaban a los usuarios (un segundo aumento de tarifas).
Luego, le informó a Cammesa que dejaría de recibir subsidios del Tesoro Nacional, por lo cual se vería obligada a negociar con las distribuidoras el «arreglo» de sus deudas, porque no podría cederle más energía sin contraprestación. Las condiciones de esa negociación son las arriba descriptas: Edenor y Edesur cancelarán una deuda de casi 220 mil millones de pesos, pagando sólo 80 mil millones en 96 cuotas a tasa subsidiada, y beneficiándose de una quita o condonación por unos 140 mil millones.
Un último y ultramillonario subsidio, pero a favor de las concesionarias de la distribución. El acuerdo fue firmado ya al filo del cierre del ejercicio 2022, en el último día hábil administrativo del año, por la secretaria del área Flavia Royón, y funcionarios del ENRE, Cammesa y de las empresas concesionarias del Area Metropolitana. El resto de las distribuidoras, las del interior, recibirán beneficios semejantes a medida que se acojan a la refinanciación propuesta.
