El Presidente buscó el apoyo de los jefes provinciales del interior para su avance contra los cuatro magistrados por “mal desempeño en el ejercicio de su cargo”. Después de largas negociaciones, se sumó una amplia proporción de caciques del PJ, pero varios tomaron distancia.
Finalmente, fueron once los gobernadores que responden al oficialismo que decidieron apoyar el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, una iniciativa del presidente Alberto Fernández en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación, para la cual la Casa Rosada buscó respaldo en una reunión realizada este mediodía. El encuentro terminó con amplio apoyo de los jefes provinciales, pero no de la mayoría, como esperaba el Gobierno, ya que hubo algunos que tomaron distancia.
La decisión de la Casa Rosada surge a partir de trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Desde hace un mes se están filtrando conversaciones al menos polémicas entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios, entre ellos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires..
Además de la firma del Presidente, aparecen al final los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
