A seis meses del descubrimiento de una maniobra que diversas empresas utilizaban en la Argentina para sortear los controles estatales en la importación y hacerse de dólares a valor oficial que consistía en “alquilar” medidas cautelares otorgadas por la Justicia a otras firmas, siguen apareciendo casos. Y con nuevas modalidades.
En las últimas horas, la Dirección General de Aduanas detectó, a través del cruce de información, una gigantesca operación -en diversos embarques- para importar telas por un valor cercano a los u$s2.75 millones, que había esquivado la validación de su SIMI (hoy denominada SIRA) por parte de la AFIP, argumentando que existía “peligro en la demora” para ingresar al país su mercadería.
Pero una vez ingresada, las empresas vinculadas a la importación presentaron documentación para certificar una presunta “venta” entre firmas del mismo grupo económico para que los rollos de tela almacenados en varios contenedores quedaran bajo el dominio de otra marca comercial y así perfeccionar la maniobra para la que utilizaron la cautelar.
Hasta ahora se conocía la “cesión” de marcas para que alguien con una cautelar permitiera el ingreso de productos al mercado que no hubiesen tenido autorización para hacerlo; un “alquiler” simulado.
Hubo una operación multimillonaria en dólares para ingresar “toallas” bajo la urgencia: a casi dos años de otorgada, solo habían traído una porción de la mercancía pero contaban con disponibilidad de dólares oficiales del BCRA; un grupo de marcas “top” utilizaban ignotos importadores para poder ingresar carteras bajo el paraguas de una cautelar que esgrimía que precisaban ingresar al país materiales que no iban a competir con la industria nacional.
Ahora, lo novedoso es que dos firmas, en apariencia no relacionadas, se “vendían” entre sí mercadería en la zona primaria aduanera, es decir cuando ya habían llegado al país pero aún no estaban nacionalizadas. ¿El beneficio? Una de las dos tenía una cautelar y además, se evitaban el pago de IVA y de Ingresos Brutos porque, en teoría, todavía no estaban ingresadas formalmente a Argentina.
El importador en cuestión es la firma Tela 770 SRL, cuya constitución es reciente: según registros oficiales fue creada el 2 de marzo de 2021 con el fin de dedicarse a la actividad textil.
El 1 de septiembre de ese mismo año, oficializa la SIMI 21001SIMI393683T que fue la que apareció en el cruce de datos realizados por la Aduana y la AFIP en tarea conjunta. Presentada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, Tela 770 SRL solicitó una medida cautelar a los fines de lograr ingresar al mercado esos bienes. La terminó obteniendo el 23 de septiembre de 2022, según la información que pudo corroborar Ámbito.
El problema es que la mercadería incorporada a través de esa SIMI que esquivó la validación del fisco por tener ese aval judicial le fue transferida luego, a través de una venta de la empresa HARLYE SA a favor de la firma Tela 770 SRL, mediante una factura A fechada recién el 19 de octubre de 2022, casi un mes después de que hubiese sido beneficiada por la medida cautelar.
Cuando la empresa oficializa la destinación de la mercadería, esgrime esa cautelar que entre sus fundamentos, alegaba “el peligro en la demora que se ocasionarían perjuicios patrimoniales de imposible reparación para la actora (Tela 770) en la medida que la conducta de la demandada (El ministerio de Producción y la AFIP) afectaría su giro comercial habitual”. Lo que no decía la demanda es que la mercadería en cuestión nunca había sido adquirida previamente por la empresa que había acudido a la justicia.
Tanto es así que las autoridades del fisco descubrieron que –además de la cesión de derechos que había operado entre las dos empresas, incluido el beneficio de la cautelar-, cuando fueron a constatar los rollos de tela de forma física en los contenedores, la mercadería estaba rotulada a favor del consignatario original, HARLYE SA.
Ante este hallazgo, la firma aludida presentó una “declaración jurada” en la que informaban a la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos de Aduana, su intención de “re-etiquetar” la mercadería para adecuarla al mercado local. Eran 10.200 rollos. Todo esto no llega a ser un delito penal pero sí es una infracción al Artículo 965 del Código Aduanero, por lo que todos los involucrados fueron denunciados.
Con una operatoria idéntica, la DGA que conduce Guillermo Michel y la AFIP que dirige Carlos Castagnetto encontraron un total de 7 importaciones, cuyo valor es de u$s550.000. Tela 770 SRL iba a utilizar este mecanismo para ingresar el equivalente a 320 toneladas de mercadería. Hay otras 17 importaciones bajo el Equipo Especial de investigaciones sobre cautelares que la Aduana creó a partir de estas revelaciones.
El monto total bajo sospecha es de otros u$s2,2 millones. Consultados respecto de los alcances de la investigación, desde Aduana confirmaron que acudieron a la justicia para revertir la cautelar respecto de las empresas involucradas en plena feria judicial y que desde que la olla se destapó, “se observa mayor celo y cuidado de parte de los tribunales a la hora de otorgar este tipo de medidas”, dado que en su mayoría se utilizaron para crear un ardid que terminó engañando a la justicia y al fisco.
