La República Argentina denunció hoy ante las Naciones Unidas la «pérdida de legitimidad del Poder Judicial» y pidió el «acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho» en el país.
Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
«Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública», planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas. Más tarde, Pietragalla Corti resaltó que la posición argentina recibió «recomendaciones y devoluciones de un total de 107 países» y aseguró que, en ese intercambio, «prevalecieron los elogios a las políticas de derechos humanos del país».
El funcionario consideró «audaz» que la Argentina haya llevado a la ONU su denuncia contra su propio sistema de justicia y argumentó: «No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales».
«Argentina debe apelar a las herramientas internacionales para alertar sobre lo que se está viviendo: persiste una mirada persecutoria de la justicia hacia dirigentes del oficialismo y hay un sector político y económico que avala la mafia judicial, con la que comparte intereses», declaró.
En su discurso ante el Consejo, el funcionario expresó: «El ‘lawfare’ es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos».
