La empresa presentó el 27 de febrero un plan de acción e inversiones para 2023 que fue rechazado por la Secretaría de Energía por “no resultar suficiente para el desarrollo y expansión del área…”. Ante la falta de respuestas por parte de la empresa, el 14 de marzo se le otorgó un plazo de 10 días para que realice un replanteo de las estrategias de desarrollo y las consecuentes inversiones para este año. Hoy se conoció que, coincidentemente con el reclamo de La Pampa, el Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa planteó un reclamo e inició medidas de fuerza.
La secretaria de Energía y Minería planteó un reclamo que va en el mismo sentido que el Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, en virtud de la suspensión y/o despido de personal por distintas contratistas de la empresa Pluspetrol SA.
El reclamo que trascendió –el viernes- periodísticamente confirmó medidas de fuerza realizadas en el área hidrocarburífera denominada CNQ-7A por parte del personal de la la empresa petrolera.
Las autoridades gremiales denunciaron además que los despidos se relacionan con una decisión empresarial de volcar inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, desinvirtiendo en aquellos de explotación convencional ubicados en la cuenca neuquina, entre ellos en la provincia de La Pampa.
LA PAMPA Y EL MISMO RECLAMO
A propósito de tal situación -y en absoluta coincidencia con los planteos realizados por los trabajadores- el Gobierno provincial, a través de la Autoridad de Aplicación de esa concesión, durante los meses de febrero y marzo realizó acciones que culminaron con el rechazo de los planes de inversiones presentados para el año 2023, reclamado a la empresa Pluspetrol SA una revisión y mejora de estos.
La Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería entendió que “la propuesta presentada por la empresa como compromisos de inversiones para el año 2023, no resulta suficiente para el desarrollo y expansión del área CNQ 7A; resultando menester requerir a la empresa una nueva propuesta mejoradora”.
Los planes de inversión que no apuntan al aumento de la producción de hidrocarburos traen aparejadas pérdidas económicas y sociales para el Estado Provincial, ya que no sólo implica la proliferación de despidos de personal calificado de la provincia, sino también de regalías y estabilidad de las empresas de servicios locales.
El 14 de marzo se otorgó un plazo de 10 días para que realice un replanteo de las estrategias de desarrollo y las consecuentes inversiones a ejecutar en el año 2023 y que presente “una nueva propuesta o proyecto tendiente a mantener e incrementar la producción del área en cuestión”, todo ello bajo apercibimiento de ley”. “Esto implica que de persistir en la conducta de desinversión en La Pampa, se configuraría una situación de incumplimiento que determina la reversión de los yacimientos – con todas sus instalaciones – retomando el Estado Provincial las competencias para decidir el destino y su modalidad de gestión”.
Estas acciones llevadas a cabo coinciden con el objetivo de defender los puestos de trabajo de la provincia de La Pampa, pero además la valorización de nuestros recursos naturales sosteniendo en el tiempo la actividad y el dinamismo económico y social que representa para el desarrollo de la provincia de La Pampa.
