Un empresario y productor agropecuario de General Pico se entregó ayer a la justicia de la provincia de Santiago del Estero. Se trata, según los medios de comunicación santiagueños, de Román Esteban Ercoli, uno de los titulares de la firma Campos y Haciendas El Jagüel SA, la cual fue registrada en el año 2005, con domicilio en la ciudad del norte pampeano.
«Tres sujetos implicados en la causa de la ocupación ilegal de tierras en el predio de la ex-FACA, en Colonia Los Tigres, departamento Copo, los cuales se encontraban en calidad de prófugos de la Justicia, se entregaron ayer a la mañana en compañía de sus abogados defensores, quedando detenidos de inmediato y a disposición del Dr. Gabriel Gómez, coordinador de la Unidad Fiscal de dicha jurisdicción, quien los indagará en los próximos días», se informó el sábado.
La presentación a la Justicia habría tenido lugar el viernes, día desde el que están detenidos. De acuerdo al artículo del diario El Liberal, los que se entregaron fueron Abraham Santillán, en la Comisaría Comunitaria 22 de Monte Quemado, y Daniel Rolando Tessio y Román Esteban Ercoli, quienes se entregaron en la capital con la asistencia del abogado Agustín Grimaud, quedando alojados en el Centro Único de Detenidos, publicó el diario La Arena.
Querella oficial.
La causa no es nueva. De hecho varias personas ya estaban detenidas en el marco del mismo expediente judicial: Elías David Santillán, Lito Omar Santillán, Daniel Omar Santillán, Argentino Santillán, María Inés Salvatierra, Juan Navarro y Edgardo Raúl Gurman.
De acuerdo a la información publicada en Santiago, aún hay una persona detenida, Hugo Daniel Rostirola, quien permanece prófugo y es intensamente buscado.
Tanto al empresario piquense, como al resto de los acusados, se les imputa el delito de usurpación por despojo, incendio, daños, defraudación agravada y asociación ilícita en perjuicio del Estado provincial. Las órdenes de detención en su contra fueron dictadas en octubre de 2022 por la jueza Valeria de los Ángeles Díaz, de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero.
En la causa, el querellante es propio gobierno de la provincia de Santiago del Estero. De hecho la Fiscalía de Estado fue la que aportó piezas probatorias que las crónicas de aquella provincia califican de «contundentes».
Al parecer, gracias a esas pruebas, la Unidad Fiscal del Departamento de Copo requirió a la jueza Valeria Díaz las órdenes para allanar y detener a los implicados, además de secuestrar elementos de importancia para la causa, en tanto que también ordenaba que el predio de la ex-FACA, situado en Colonia Los Tigres, de aproximadamente 20 mil hectáreas, le sea restituido a la Provincia, que procura recuperar las tierras fiscales usurpadas.
