La Justicia federal procesó por contrabando agravado y defraudación a la administración pública a los directivos y accionistas de la firma NRG Argentina SA, cuya investigación fue revelada por Ámbito, y constituye el primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local.
El juez de Campana Adrián González Charvay no solo consideró probada la maniobra, incluso contra el despachante, sino que trabó embargos por $ 5 mil millones y concluyó que el expediente -originado en las primeras denuncias penales de la Aduana del año pasado- está con la suficiente cantidad de prueba como para ya ser elevado a juicio oral.
El procesamiento de 102 carillas al que accedió Ámbito, en exclusiva, alcanza a los responsables de la empresa que opera en Vaca Muerta y del supuesto proveedor en el extranjero Marull Heavy Equipment LLC por 24 operaciones.
Otra causa por la misma maniobra pero cuya mercadería ingresó a través del Puerto de Buenos Aires y está a cargo del juez penal económico Pablo Yadarola sigue el mismo camino.
El pasado 16 de marzo, este diario reveló que se habían realizado múltiples allanamientos por orden de la justicia vinculados a una denuncia de la Aduana –incluso en la Alyc Allaria Ledesma- en el primer caso que había expuesto toda la ruta del dinero por la operatoria conocida como “rulo importador”.
Entre 2019 y 2022, NRG Argentina había recurrido a dólares a valor oficial del BCRA para concretar importaciones de bienes de capital por u$s 232 millones. Tenían como objetivo adquirir maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, insumo para sostener la producción en Vaca Muerta.
La fiscalización de Aduana detectó “sustanciales diferencias” en los valores de la maquinaria adquirida a un proveedor en los Estados Unidos –Marull Heavy Equipment LLC- que, incluso, quedaron plasmadas en los documentos de exportación de esa firma.
Pero la información que llegó desde el extranjero merced al acuerdo de intercambio de información tributaria es que uno de los socios de NRG era a su vez apoderado de una cuenta bancaria ligada a Marull desde donde se autorizaron giros por u$s 43 millones que retornaron a la Argentina mediante sociedades de bolsa y se sospecha que fueron liquidados a valores CCL para hacerse de la diferencia cambiaria.
Pablo Marull –directivo de la “exportadora”- tenía además una relación comercial no declarada con Oscar Güercio –presidente de NRG y su único cliente- vía una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) llamada MARDG.
“De los veinticuatro (24) despachos de importación analizados surge que la suma declarada ante la Aduana de Estados Unidos resultó de un total de u$s 17.367.633; mientras que en las Aduanas de Campana y de San Antonio Oeste de la República Argentina se declaró un total de u$s 100.451.157,33; por lo que la diferencia en lo declarado ascendió a la suma de u$s 83.083.524,33, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional que, a través del Banco Central de la República Argentina, autorizó las operaciones de compra y giro de divisas extranjeras para el pago de esas importaciones en base a lo declarado en el país”, concluyó González Charvay en el procesamiento.
La medida y un embargo multimillonario alcanzó a Oscar Güercio, Damián Strier, Pablo Marull, y Karina Cantafio la última despachante de Aduana a quienes se los encontró responsable de conocer el fin ilícito de la maniobra.
“De las probanzas colectadas, surge que se habría creado un flujo financiero ilícito trasnacional que habría permitido a los imputados fugar divisas obtenidas de modo irregular y al tipo de cambio oficial, mediante operaciones de comercio exterior, engañando al control aduanero con declaraciones falsas respaldadas con facturación apócrifa, para así obtener ganancias ilícitas y generando un consecuente perjuicio a las arcas del estado nacional”, se indicó en el escrito.
Se los acusó también de haber presentado facturas adulteradas y declaraciones falsas en cuanto a los valores FOB declarados para sobrefacturar la importación y hacerse de más cantidad de dólares a valor oficial BCRA. Se simuló, además, que no existía relación alguna entre comprador y proveedor. Se dispararon requerimientos a múltiples entidades financieras y bancos donde había registros de los imputados. Hubo allanamientos y restan peritajes sobre dispositivos electrónicos. Se logró secuestrar documentación sobre la compra de bonos del Estado Nacional denominados en dólares. Marull Heavy Equipments LLC se creó 4 meses antes de realizar el primer despacho exportador. Se presume que su creación obedeció a concretar esta maniobra. Para colmo, en uno de los allanamientos a oficinas de la empresa se encontró un dibujo manuscrito con el circuito para concretar el delito.
El caso marca un hito no solo por ser el primer precedente donde queda expuesta la maniobra, la ruta del dinero y los responsables que deriva en un procesamiento judicial, sino que fue uno de los elementos discutidos en la recienta reunión en los Estados Unidos entre el titular de la Aduana Guillermo Michel y las autoridades de control norteamericanas como el IRS y Ricardo Mayoral subdirector de Homeland Security Investigations. Le arrancaron el compromiso de que a partir de mayo se acreciente el flujo de información desde el Trade and Transparency Unit (TTU). Todos elementos que fortalecen los acuerdos de intercambio porque tienen un correlato concreto. Y el caso NRG constituyó el primer ensayo de confianza para testear esa relación siempre sensible.
Ahora deben opinar la fiscalía y el querellante que es la Aduana, lo único que restará para que el caso llegue a juicio oral.
