De acuerdo con los resultados de una encuesta dada a conocer por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), un 94% de mujeres y disidencias dijo haber sufrido acoso sexual en la vía pública durante el año pasado, y la mayor cantidad de esas violencias la padecieron personas en edad adolescente, aunque también se reportaron casos de hasta 5 años. El informe fue presentado en el marco del «Mes de acción contra el #AcosoCallejero».
El trabajo -difundido por el Observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» de la organización fue realizado a partir de datos obtenidos entre octubre y noviembre de 2022 a través de una encuesta a 1.794 mujeres y disidencias llevada a cabo en todo el país.
En base a los resultados que arrojó la encuesta, el 94% de las personas que respondieron mencionó haber sufrido alguna forma de acoso sexual en la vía pública, mientras la edad promedio de quienes viven una mayor cantidad de estas situaciones es 15 años y se registraron padecimientos de esta violencia hasta a los 5, la menor edad observada.
En cuanto a la modalidad del acoso, el 83% padeció silbidos, comentarios sobre su apariencia o bocinazos, el 65% comentarios irrespetuosos por su género, el 58% insultos y gestos vulgares y el 56% comentarios sexualmente explícitos.
Estas violencias incluso fueron aún más pronunciadas para el 47% que fue seguida y el 36% que fue acorralada, al tiempo que al 32% le mostraron los genitales, el 25% recibió comentarios homo, lesbo o trans odiantes, el 21% observó que el agresor se masturbaba, y el 15% fue atacada físicamente.
Ante el acoso, las personas encuestadas respondieron de forma variada, pero el mayor porcentaje (41%) no pudo reaccionar y quedó paralizada.
En tanto, el 37% decidió irse del lugar, el 19% enfrentó al acosador y el 3% pidió intervención de a la fuerza pública.
En abril de 2019, se sancionó la Ley Nacional 27.501 que modifica la N° 26.485 «de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales».
A cuatro años de su sanción, la organización Mumalá exigió su implementación, con énfasis en la creación de una línea telefónica gratuita y accesible «destinada a dar contención y asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen».
