Los 16 integrantes del Frente de Todos que conforman la mayoría en la comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema formularon este martes las imputaciones por mal desempeño y posible comisión de delitos y citaron al juez cortesano Juan Carlos Maqueda para que exponga sobre las irregularidades advertidas durante las audiencias testimoniales en relación a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
A través de un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que leyó en voz alta la diputada nacional Vanesa Siley en la Sala 1 del anexo donde deliberaba la comisión presidida por Carolina Gaillard, los legisladores oficialistas pidieron que se convoque al ministro de la Corte «en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político».
En la presentación no se especificó una fecha puntual, por lo que queda pendiente esa definición para saber cuando Maqueda concurrirá a la comisión, en caso de que se presente de forma voluntaria.
«Todo ello sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto a los demás Ministros de la CSJN, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse», aclararon en el escrito presentado con firma digital en la quinta y última audiencia relacionado al causal de juicio político en cuestión.
Para el Frente de Todos, los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social (entre abril de 2008 y octubre de 2021) ya se encuentran debida y ampliamente fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando y consolidando a lo largo de las audiencias.
La acusación contra Maqueda
En los enunciados se apunta a Maqueda por «consentir, por omisión en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación»
La decisión del oficialismo fue objetada por el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien realizó observaciones de forma y de fondo: «No nos avisaron que iban a hacer esta presentación».
«No hay ninguna causal de nulidad en seguir avanzando; no hay nada acá que esté fuera del reglamento», respondió el oficialista Rodolfo Tailhade.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados como parte del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), informó que la exdirectora de la Obra Social, Marta Herrera Alem, pidió reprogramar su declaración en la comisión.
Gaillard señaló que con la declaración de los testigos «estamos concluyendo la etapa sumarial de una de las causas que se investiga en esta Comisión: las irregularidades en la OSPJN».
La primera testigo que comenzó a declarar esta tarde fue la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin.
La funcionaria judicial dijo que «me dedico específicamente a expedientes jurisdiccionales, no tengo conocimiento de cuestiones sobre superintendencia y administrativa, los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo».
Ante una consulta del diputado Leopoldo Moreau, López Alducin confirmó que Maqueda «tenía el primer voto en temas de salud y obra social y en los temas laborales», y precisó que cuando debe enviar un proyecto lo hacía «al correo de Silvio Robles o Natalia Monayer porque no tengo el correo de Rosatti».
Por su parte, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, señaló que «a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración».
En su exposición, Villarruel se refirió al caso de la jueza Martina Forns sobre la situación que pasó en la pandemia con su marido, y dijo que su misión fue «el reenvío de su pedido a la obra social para cersoriarme que la comunicación que aparentemente estaba trabada pudiera ser allanada».
Agregó que «las personas que llegaron a mi para consultar por una cuestión con la obra social las puedo contar con los dedos de la mano», incluido «el caso de Forns, siempre mi intervención se limitaba a ver si la obra social había recibido ese pedido para que le dieron el curso que correspondía».
La exdirectora de la obra social del Poder Judicial, Claudia Madies, en tanto, dijo que «era la primera vez que intervenía un Directorio Colegiado en la OSPJN y el Estatuto planteaba modernizarla en las instancias prestacionales, de atención y de afiliación pero el Dr. Tonon imposibilitaba avanzar con medidas de gestión».
La declaración de Aldo Tonon
En el último encuentro de la comisión, realizado hace dos semanas, había expuesto el exdirector de la Ospjn Aldo Tonon, quien había sido desplazado de su cargo meses atrás.
En su declaración, Tonon evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, amparado «en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse», debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados, según argumentó.
La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social, pero el exfuncionario recién asistió tras ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.
En su declaración, Tonón dijo no obstante que «la obra social es una institución que tiene autonomía de gestión, por lo tanto los ministros (de la Corte) estaban informados de cómo funcionaba, qué se estaba haciendo, pero no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura».
Además, dijo que cuando surgían cuestiones de suma importancia hablaba «con (Juan Carlos) Maqueda, con (Ricardo) Lorenzetti o cualquier ministro de la Corte, siempre que excediera las facultades que tuviera el directorio» de la obra social.
Por otro lado, confirmó que no hubo «certificación de los balances porque era la modalidad de la obra social de hacerlo así y yo continué la modalidad operativa que venia realizando la obra social». Y respecto a las licitaciones a las que llamó la entidad, dijo que «nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse».
Ampliación del juicio por el fallo sobre San Juan y Tucumán
Además, la comisión deberá resolver hoy si acepta o no la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas «con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local».
De acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la comisión, se deberán evaluar las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido.
La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por la presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.
Fallo sobre coparticipación
De este modo, la comisión de Juicio Político comenzará en la próxima reunión con el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Esa reunión se realizaría el próximo jueves 15, ya que está previsto el martes 13 realizar la sesión informativa para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde su informe de gestión como lo establece la Constitución Nacional y el miércoles 14 efectuar una sesión con el tratamiento de temas consensuados, informaron fuentes parlamentarias.
