Concluyó la audiencia de debate oral y público contra tres hombres en el marco de una investigación por delitos contra la seguridad rural. El debate tuvo lugar durante dos días, y se juzgaron hechos ocurridos en un predio rural ubicado sobre la ruta Nacional 35 a unos 20 kilómetros de Santa Rosa.
A la audiencia de juicio presidida por la jueza Alejandra Ongaro acudieron los tres imputados, todos mayores de edad, asistidos por el defensor particular Gastón Gómez. La acusación penal estuvo representada por el fiscal de Delitos contra la Propiedad Facundo Bon Dergham, publicó el diario La Arena.
Durante los dos días de debate declararon 11 testigos, entre ellos la víctima -un productor rural de Eduardo Castex-, un empleado rural, efectivos de seguridad rural división abigeato, peritos de la División de Análisis de las Telecomunicaciones (DAT), de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y una médica veterinaria.
El fiscal acusó a los tres imputados de haber dado muerte, mediante el uso de un arma de fuego, a un animal que se hallaba en el interior del predio rural «La Carolina», ubicado en Ruta Nacional Nº 35.
Luego de matarlo, faenarlo y despostarlo, trasladaron los cortes de carne desde el interior del campo, hasta el interior del vehículo Chevrolet Corsa que habían dejado estacionado sobre la ruta.
Interceptados.
Bon Dergham indicó que los imputados fueron interceptados por personal policial que se encontraba realizando recorridas de rutina por Ruta Nacional 35, quienes intentaron identificarlos. Ante esta situación, los ocupantes del Corsa, emprendieron la fuga, efectuando al menos dos disparos de arma de fuego hacia el móvil policial.
Finalmente, fueron detenidos dos de ellos, mientras que el tercero logró darse a la fuga entre los campos. De todos modos, se logró su identificación y detención al día siguiente. El hecho tuvo lugar el 20 de abril del año pasado, aproximadamente a las 21:00.
Acusación.
La fiscalía formuló su acusación por los delitos de abigeato agravado, abuso de arma agravado por ser contra funcionarios policiales, y portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. Por esto, pidió una pena de cinco años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento para los tres imputados.
La Defensa pidió la imposición de una pena en suspenso. La sentencia condenatoria, será leída el próximo 25 de julio por la Jueza de Juicio Alejandra Ongaro.
