El fiscal de General Rodríguez, Raúl Villalba, pidió hoy la prisión preventiva de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, por el delito de amenazas y privación ilegítima de la libertad. El pedido fue para imponer la preventiva del cantante y así avanzar en la causa por la amenaza y privación a un vecino suyo de General Rodríguez, quien previamente había tenido un altercado el 27 de mayo pasado con los amigos del músico.
Villalba pidió al juez de garantías de Moreno Gabriel Castro que transforme la aprehensión en preventiva del cantante, quien lleva preso en la DDI de Quilmes desde hace casi 30 días.
Días atrás, el fiscal apeló la excarcelación que Castro dictó sobre L-Gante con lo cual aún no pudo recuperar su libertad y ahora la decisión queda en manos de la Cámara de Mercedes.
L-Gante está imputado por «privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas» a raíz de la denuncia de un empleado municipal.
También por «privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples», como consecuencia de la declaración de una vecina; y por «tenencia simple de estupefacientes» debido a los 40 gramos de marihuana que encontraron durante el allanamiento en su casa ubicada en el country del Banco Provincia.
El 27 de mayo pasado amigos del cantante salieron de bailar de un boliche de General Rodríguez y varios integrantes de la denominada «MaFilia» tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio porque uno de ellos casi atropella a una mujer, quien fue la otra denunciante en el caso.
Personal de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio de General Rodríguez demoró a los amigos de L-Gante y cuando el músico se enteró de lo sucedido con sus amigos, decidió actuar por su cuenta.
El músico «tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó», según adujo la víctima en la denuncia.
En su defensa, L-Gante niega que haya utilizado un arma y que el vecino subió por su propia voluntad a la par que niega que exista riesgo de entorpecimiento o amenazas. En cambio, las víctimas dicen que están siendo amenazadas algo que destacó la fiscalía para oponerse.
