El Tribunal de Impugnación Penal revirtió ayer el fallo del juez de Audiencia Andrés Olié, quien le había dado 3 años de prisión en suspenso a una mujer acusada de abusar sexualmente de su propia hija. El TIP, en cambio, la condenó a 10 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal “agravado por ser cometido por su ascendiente, en concurso real con suministro de material pornográfico por ser a una menor de 14 años”.
El fallo de primera instancia había tenido en cuenta el abuso, pero no el suministro de material pornográfico a la niña. Esa sentencia fue apelada por el abogado de la acusada, que pidió su absolución, y también por los fiscales y los abogados de la querella, que reclamaron una pena más dura contra la imputada por el abuso sexual, publicó el diario La Arena. .
El TIP no hizo lugar al pedido de la defensa y, en cambio, tuvo en cuenta los planteos de los acusadores. El artículo tercero del fallo de segunda instancia resolvió: “Revocar los puntos primero, segundo y tercero de la Sentencia 11/2023, dictada en fecha 9 de marzo de 2023 por la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, y en consecuencia, condenar a (…) como autora material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por su ascendiente, en concurso real con suministro de material pornográfico por ser a una menor de catorce años (…), a la pena de 10 años de prisión efectiva, y accesoria del artículo 12 del Código Penal, con costas (…)”.
En marzo de este año, cuando se dio a conocer la sentencia del juicio, vecinas y vecinos de la localidad de Doblas, donde ocurrió el lamentable episodio, realizaron una manifestación en la plaza, reclamando una pena más dura. La acusada había llegado al debate oral con prisión preventiva, medida que el juez de audiencia anuló apenas dictada su sentencia, lo que significó que recuperara la libertad.
Los abusos sexuales, según la reconstrucción que hizo la Justicia, tuvieron lugar desde 2018 y hasta julio de 2019. En los alegatos, la fiscala Verónica Ferrero había solicitado una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. También requirió el mantenimiento de la prisión preventiva por entender que esas conductas podrían reiterarlas con otros hijos.
