La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Elena Victoria Fresco, conminó al trabajo a dos juezas que integran la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería por no dictar sentencias desde al menos 2020. Una magistrada tiene más de 60 expedientes con plazos vencidos y la otra más de 30. La ministra las instó a que le envíen un “plan de trabajo a fin de solucionar la situación detectada”.
La situación se desencadenó a raíz de un planteo que hicieron abogados y abogadas de la matrícula ante el STJ. Tras la queja, se elaboró un informe interno en la Cámara de Apelaciones que fue enviado a las y los ministros, publicó el diario La Arena.
Esto fue analizado y la titular del máximo órgano judicial de la provincia, en acuerdo de ministros, solicitó una planificación a dos juezas de forma individual con el objetivo de evaluarla “a los efectos de que se corrijan los atrasos”.
Los dos casos.
Los escritos fueron enviados el pasado 4 de agosto a las juezas Laura Torres –nada más ni nada menos que la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial- y a Adriana Gómez Luna, porque tienen expedientes sin resolver en su despacho desde hace al menos dos años.
“En mi carácter de Presidente del STJ, y en representación del Cuerpo que presido, me dirijo a usted a fin de remitirle el listado de expedientes en estudio al 30 de junio de 2023, correspondiente a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en Santa Rosa”, comienza el escrito firmado por Fresco y dirigido a Laura Torres. El listado, explica, surge del informe fechado el 11 de julio que elaboró la presidenta de la Cámara de Apelaciones, Laura Cagliolo, conforme le fue solicitado en una reunión realizada el 7 de junio de este año.
En el caso de Torres, menciona “la existencia de más de 60 expedientes con plazos vencidos para el dictado de sentencia (algunos desde el año 2021) y más de 50 expedientes a estudio con plazos aún no vencidos para resolver”. A esto, se le suma “la considerable cantidad de expedientes que se encuentran ingresados a la Cámara de Apelaciones que aún no han sido sorteados, y de los cuales una parte será indefectiblemente asignada a la Sala que usted integra”.
En ese sentido, “más allá de las cuestiones estructurales que finalmente puedan detectarse y considerando la responsabilidad propia de cada juez en el dictado de las sentencias”, le pidió que envíe al STJ un “plan de trabajo a fin de solucionar la situación detectada”.
Una nota similar recibió la jueza Adriana Gómez Luna, perteneciente a la Sala 2. En su caso, el listado que se le remitió presenta “más de 30 expedientes con plazos vencidos para el dictado de sentencia (algunos desde el año 2020) y más de 30 expedientes en estudio con plazos aún no vencidos para resolver”. A estos se le suman también los próximos a sortear.
El resto de los jueces.
La nota cierra aclarando que “se envía nota de similar tenor a los restantes integrantes de la Cámara de Apelaciones”. De esta manera, también recibieron el escrito los jueces de la Sala 3, Laura Cagliolo y Guillermo Salas, quienes ya contestaron a la misiva, Marina Álvarez que integra la Sala 1 con Torres y Fabiana Berardi, que está en la Sala 2 con Gómez Luna.
En la Ciudad Judicial se comenta que los expedientes pertenecen, fundamentalmente, a trabajadores y trabajadoras despedidas que luego de obtener una sentencia favorable en primera instancia (proceso que dura más de un año) y de haber hecho alguna apelación (por ejemplo, por haber considerado insuficiente el monto dictaminado a cobrar), sus expedientes terminan “dormidos” en la Cámara Civil por más de dos años. De esta manera, el trabajador no puede obtener la indemnización correspondiente y a tiempo. Otros expedientes tratan sobre siniestros viales, daños y perjuicios y créditos laborales, que todavía esperan por sus sentencias.
