En la reunión de la Comisión de Peticiones, de la Cámara de Diputados de La Pampa, se trataron tres pliegos, donde se solicita que la abogada Vanesa Silvana Ortiz cubra el cargo de titular en la Defensoría Adjunta en lo Penal de la I Circunscripción Judicial; Ana Laura Ruffini la de titular en el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, y Pablo Andrés de Biasi el de Titular en el Juzgado Contravencional de la I Circunscripción Judicial. En todos los casos las y los legisladores emitieron dictamen favorable por mayoría, y otro, fijando posición en el recinto por minoría.
Vanesa Silvana Ortiz ingresó al Poder Judicial en el año 2010. Previamente realizó una pasantía por cuatro años cumpliendo funciones en la Seccional Primera. «En lo que tiene que ver con el cargo me siento segura para ejercerlo, especialmente por haber tratado con víctimas durante 11 años en el fuero penal. Creo que estoy totalmente capacitada y formada», dijo en su exposición la abogada.
La diputada Agustina García, del bloque UCR, le consultó sobre qué tipo de causas son las más frecuentes dentro de la Defensoría y que falencias cree que tiene la Justicia.
«Los delitos más recurrentes tienen que ver con violencia de género y abuso sexual. No sé si han aumentado los casos o si se trata de que la víctima hoy cuenta con, por ejemplo, la Unidad Funcional. Hay un trato diferenciado que antes no existía. La intervención del Estado hoy en día le da más posibilidades a la víctima», respondió Ortiz frente a legisladoras y legisladores.
A su vez, se le consultó cuáles cree que son las necesidades que padece la Justicia provincial.
«Creo que el recurso humano es fundamental. Es importante poder visualizar la dinámica de cada lugar. La multiplicidad de labores que derivan en un único funcionario hace que no se pueda cumplir de forma efectiva todas las funciones. Un defensor que se ocupa de la asistencia a la víctima implica tener un contacto real. Implica, también, un real compromiso como patrocinante y hoy no es posible por la cantidad de labores en audiencias», sostuvo la abogada.
La letrada, que aclaró que no es afiliada a ningún partido político, a pedido del diputado por Propuesta Federal, Martín Ardohain, opinión respecto a la condición penitenciaria en la provincia, diciendo que «hay muchísimas personas en la alcaidía y comisarías. Organismos han detectado problemas de infraestructura y de alojamiento. En este punto, creo que el convenio con San Luis es una herramienta que vino a traer una solución. Es fundamental que la persona condenada cumpla su condena en un servicio penitenciario».
Ana Laura Ruffini se recibió en la Universidad de Córdoba en el año 2000. En 2010 rindió el cargo para fiscal. Desde el año 2015 trabaja en la fiscalía de Género de la ciudad de General Pico. «Es una temática que requiere de mucha convicción y mucho esfuerzo. En causas relacionadas a violencia de género una no puede cerrar la puerta de la oficina irse a su casa y decir acá no pasó nada», expresó la abogada.
Respecto a las herramientas que necesita la Justicia para ser más eficiente dijo «en mi área, hoy contamos con muchos organismos que se encargan de acompañar las víctimas. Desde el año 2012 se creó una comisión de políticas de género que tuvo una impronta muy positiva. Creo que las oficinas judiciales también están muy bien armadas y tienen muy buen funcionamiento. En la segunda Circunscripción se puede ver que hay muchas audiencias y hay un muy une nivel estadístico en cuanto gestión», manifestó Ruffini.
Pablo Andrés De Biassi se recibió de abogado en el año 1995. Ejerce en el Poder Judicial desde hace 22 años y resaltó «la importancia que tiene la función del Juzgado Contravencional para la convivencia social y pacífica entre los vecinos. Es un complemento necesario».
Al opinar sobre los tiempos de resolución de las faltas contravencionales, dijo que «la resolución de casos hoy en día se están cumpliendo en tiempo y forma», respondió de Biasi. Y agregó: «En este sentido fue muy positivo el cambio del código en 2019».
También se le preguntó qué causas contravencionales son las más frecuentes y dijo «son las que tienen que ver con la escolarización de los niños, también las de molestias y hostigamiento. Muchas veces hay ilícitos que no llegan a ser penales. Por ejemplo, los agravios que reciben las docentes en las aulas», indicó el abogado en la Sala de Pensamiento de la Legislatura.
