La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.
Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso, Loretta Preska, y a la que tuvo acceso Télam.
«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.
La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.
Ho se refirió a los últimos requerimientos de la jueza neoyorkina de darle un número final al monto de manera conjunta, en la misma orden judicial de la semana pasada cuando pronunció sobre la fórmula que debía aplicarse para calcular el monto de resarcimiento a los demandantes por la expropiación de YPF, y según el fallo de marzo de 2023 en contra de la Argentina.
«Eso no es cierto», retrucaron los abogados de la Argentina, quienes a su vez denunciaron que «unilateralmente» el estudio de abogados presentó sus cálculos ayer a la justicia de EEUU, al tiempo que expusieron su cooperación y los números aportados al caso.
Preska había ordenado la semana pasada a ambas partes a que se pongan a trabajar conjuntamente en la interpretación de «la formula D del profesor Fisher», que es la que la jueza eligió para calcular el monto final a pagar.
Lo único que hizo la Argentina con esta última carta fue puntualizar los montos de la sentencia, y cumplir con un paso procesal que nada tiene que ver con la opinión de la Argentina al respecto.
El problema, agregaron las fuentes, es que «acá tampoco se pusieron de acuerdo las partes con la aplicación de la fórmula y ahora la jueza deberá decidir a quién le da la razón», aunque no se trata de una cuestión de fondo sino «un tema procesal».
