La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de asesinato que sufrió la exmandataria en septiembre de 2022 reclamó tener acceso «de modo urgente» a información llegada al juzgado sobre el teléfono del diputado opositor Gerardo Milman, imputado en la pesquisa. El planteo se hizo ante la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, luego de que resolviera «mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital».
Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un «recurso de reposición» contra esta decisión que tomó la jueza el 15 de septiembre pasado y le reclamaron que la anule porque «debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente».
«Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo aquí se investiga es un intento de asesinato contra la Vicepresidenta», advirtieron los letrados.
Según recordaron en el escrito, la jueza tomó esta decisión porque las empresas de telefonía remitieron a pedido del fiscal información sobre los IMEI de celulares de Milman junto a un informe de sus llamados entrantes y salientes.
Este último punto hubiera requerido una orden firmada por la magistrada en base al artículo 236 del Código Procesal Penal vinculado a la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación.
«Lo que corresponde es que V.S. deje sin efecto el burdo trámite que ordenó el 15 de septiembre y realice la ponderación del artículo 236 CPPN. Desde ya, aclaramos que el resultado de esa ponderación solo puede ser poner a disposición los datos», agregaron los abogados.
La jueza sostuvo en su resolución que las empresas «Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes».
Por esto, valoró que «la extralimitación» de las empresas oficiadas al responder los requerimientos del MPF no podía «servir de pretexto para justificar la incorporación de pruebas inválidas», se recordó en el escrito de la querella.
Pero el fiscal ya había pedido la orden judicial porque sabía que era necesaria y la magistrada le respondió que oficiara a las telefónicas desde la fiscalía, ya que tiene delegada la investigación en lo referido a informes de IMEI de los celulares.
