La cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Vittovello, tiene listo el pedido judicial para suspender los 159.919 planes Potenciar Trabajo de viajeros al exterior que los cobran e intimarlos a reempadronarse antes de darlos definitivamente de baja. Hay en juego nada menos que $12 mil millones mensuales.
El fiscal Guillermo Marijuan comprobó en la investigación que lleva a cabo desde la primera parte del año que desde 2020 los titulares de planes registraron 812.906 movimientos migratorios mientras los percibían.
La estrategia de la citación ya había sido recomendada en noviembre a la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por el jefe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS).
Consideraba que esos empadronados que se habían ido al exterior en yates, autos, aviones y colectivos difícilmente pueda acreditar motivos de vulnerabilidad para seguir percibiendo el subsidio.
La decisión presidencial de terminar de cuajo con las irregularidades en el gasto social abarca en total a casi 1,2 millones de planes.
Los 160 mil beneficiarios que presentan incompatibilidades para percibir el plan se agregan a los más de 8.500 empleados públicos de 10 provincias relevadas hasta el presente que los tienen de manera irregular.
El Ministerio de Capital Humano prepara el listado de irregularidades en el cobro del Potenciar Trabajo de parte de viajeros al exterior, a fin de pedir al juzgado de María Servini la suspensión y posterior baja.
La presentación de la cartera se sumará a la que ya viene haciendo con los datos que recibe de los gobiernos provinciales sobre casos de empleados que paralelamente son beneficiarios.
