El gobierno nacional dejó de financiar la construcción de viviendas sociales y otras obras de infraestructura complementarias en distintos puntos de la provincia y la deuda acumulada con La Pampa supera los mil millones de pesos, una suma alarmante que agrava la situación habitacional.
La deuda actualizada llega a $1.153.417,41, informó el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), considerando la deuda del programa “Casa Propia” con el instituto por $1.117.325.553,89; “Casa Propia” adeudada a las constructoras pampeanas por $22.385.742,44 y otras deudas previas, $13.706.101,08, publicó el diario La Arena.
Además de la construcción de viviendas, estos números incluyen el desfinanciamiento en Santa Rosa de obras de remodelación y ampliación del Centro de Desarrollo Infantil, el Centro de Gestión Comunitario, el Centro de Alimentación e Integración Social y Espacio Urbano en Zona Norte, por 11.898.348,30.
En General Acha, tampoco llega el financiamiento por $94.151.009,16 para obras de infraestructura vial, que comprende el asfaltado de 50 calles, e hidráulica, relacionada con el sistema de desagües pluviales de la localidad.
La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, confirmó el nivel de la deuda de Nación y aseguró que “los perjuicios más fáciles de identificar son la falta de vivienda y el empleo, pero desde mi punto de vista hay algo más grave aún: esto afecta directamente la calidad de vida de muchas familias pampeanas”.
“Si consideramos que por cada trabajador de la construcción que pierde su puesto laboral, se pierde también un empleo indirecto, y por otro lado que la construcción de viviendas siempre ha sido un motor de la economía, el incumplimiento del gobierno nacional con La Pampa va a reducir la cantidad de proyectos y limitar las oportunidades laborales, lo que llevará a un aumento de la desocupación y afectará el crecimiento económico de la provincia”, agregó.
Y destacó: “A pesar de todos los esfuerzos que el gobernador ha puesto en marcha para que continúen las obras, la falta de fondos nacionales en nuestra provincia afectará directa o indirectamente a todos los pampeanos”.
Además, Riboyra afirmó que “la construcción de viviendas no solo proporciona hogares a aquellos que lo necesitan, sino que también fortalece los lazos comunitarios y mejora el bienestar general de la población. La falta de recursos para construir viviendas sociales en La Pampa no solo afectará a nivel económico, sino que también tendrá” repercusiones sociales significativas en toda la provincia”.
Por otro lado, el gobierno provincial continúa con el “Plan Mi Casa” en sus distintas modalidades para vecinos y vecinas de diversas localidades pampeanas y la construcción de viviendas de servicios, en trabajo conjunto con los municipios.
En La Pampa, además, las constructoras pampeanas están en alerta y reclaman $2.500 millones que dejó de pagar el gobierno de Javier Milei con su política de “obra pública cero”, generando el freno de la construcción de los programas Procrear en Santa Rosa, General Pico y Toay. Por esto, unos 300 trabajadores ya fueron despedidos.
