La Gendarmería Nacional realizó ayer un allanamiento en el que se logró rescatar «una enorme cantidad de piezas, con valor histórico», que eran comercializadas en la provincia de Córdoba, informaron desde el Ministerio de Seguridad.
«El patrimonio rescatado era comercializado ilegalmente, a través de algunas plataformas digitales, desde la ciudad de Saldan, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba», precisó el informe.
El procedimiento se concretó en el marco de las políticas que se desarrollan «para preservar los bienes históricos y culturales de la Nación» y que, en este caso, permitió detener a uno de los personas involucradas en estas maniobras ilegales.
Los gendarmes asistieron al lugar acompañados por personal de la Agencia Córdoba Cultura, compuesta por «especialistas en pinturas y arte arqueológico».
Una vez registrada la vivienda «se enumeraron todas las piezas halladas, que constaban de imaginería de vestir» y elementos con «dorados a la hoja que se estima serían del periodo Colonial», detalló el reporte.
Las piezas halladas pertenecen al período que va del año 1600 al 1810, junto a obras de arte del siglo XX además de «mobiliario, retablos y altares; sumados colección de coronas y mates de plata trabajadas». También se encontraron «aberturas talladas en madera con motivos orgánicos y otros objetos litúrgicos de distintos materiales trabajados en plata y marfil de gran valor histórico; como objetos arqueológicos, unas manos de mortero y un cuenco libador», entre otros.
En el operativo, «se solicitó la documentación en el lugar, al hombre que había sido blanco de la investigación», intimándolo a que «acreditara la titularidad de las piezas halladas de la cual carecía», trascendió.
Gran parte del material rescatado «es originario de otros países, como Brasil, España, Portugal o Bolivia», y se encuentra contemplado y protegido por la Ley Nro. 22.743 de Preservación, Protección y Tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Por tanto, los objetos estén sujetos a la «convención internacional» que determina las medidas a adoptar, a la cual adhirió la Argentina en la Conferencia General de la UNESCO que prohíbe e impide el tráfico ilícito de los bienes culturales.
El juez Alejandro Sánchez Freytes instruyó que «se labren actuaciones pertinentes y secuestren todos los elementos, para quedar a resguardo hasta ser examinadas por personal idóneo, mientras el hombre involucrado quedó supeditado a la causa».
