La fiscala Natalia Urruti confirmó que se archivó la investigación por «instigación o inducción» al suicidio del ex intendente y ex subsecretario de Salud de La Pampa, Darío Balsa, porque no se pudo abrir el smartphone de una mujer que se secuestró en una vivienda del Plan 5.000 de Santa Rosa. «No se pudo abrir el teléfono porque tuvimos algunas dificultades técnicas» y la mujer no colaboró para la apertura de su teléfono, por lo cual no se pudieron «encontrar los elementos (necesarios) para avanzar» en la investigación, explicó Urruti.
La muerte del ex intendente castense se produjo el 26 de junio del año pasado, mientras se encontraba en horario laboral en el Hospital «Pablo F. Lacoste» de esta localidad. Las primeras versiones indicaron que solicitó colaboración a una enfermera para colocarse un suero, y cuando la trabajadora de la salud regresó a la habitación, lo halló «prácticamente fallecido». Inmediatamente los profesionales dieron inicio a las tareas de reanimación durante casi una hora, pero los esfuerzos fueron infructuosos.
La muerte habría sido autoinducida utilizando «medicamentos que causan depresión de la función respiratoria y provocan la muerte por paro cardiorrespiratorio y anoxia cerebral», confirmaron fuentes consultadas.
Sospechas e investigación.
La Justicia inició una investigación por «instigación o inducción» al suicidio, después de tomar conocimiento de testimonios de familiares directos de Balsa. «Hubo una sospecha de un delito y eso ameritó el despliegue de la investigación que después no pudimos corroborar con elementos probatorios, pero esa sospecha inicial estuvo dada a partir de una versión que brindó la familia de Balsa», detalló Urruti.
La investigación se archivó el jueves 7 de este mes. «El legajo se archivó en función de no poder recabar pruebas. La causal de la muerte está determinada. En su momento tuvimos una sospecha inicial que se podía estar cometiendo un delito, por lo cual se inició una investigación, derivó en una medida judicial donde secuestramos el celular del fallecido y de otra persona que reside en Santa Rosa», agregó la funcionaria.
«La sospecha inicial no estaba vinculada con la muerte, sino con cuestiones cercanas en el tiempo que podían ser delictivas. La persona a la cual le secuestramos el teléfono nunca estuvo imputada, pero se presentó con un abogado defensor, y si bien nunca lo convocamos a declaración de imputado, si estuvieron interviniendo en el proceso», narró.
-Urruti, ¿la mujer no prestó colaboración para abrir su teléfono celular y permitir que se continúe la investigación para despejar todas las dudas que surgieron en este hecho?
-No, primero se pusieron a disposición, pero después eso no ocurrió…pero, bueno, también es su derecho.
-¿En el teléfono celular de Balsa no encontraron la información que buscaban?
-No. En relación a esos episodios previos a la muerte, no obtuvimos nada.
-¿La persona a la cual le secuestraron el teléfono estuvo sospechada de los delitos que se investigaban?
-Sí, estuvo sospechada, pero no se le hizo una imputación formal porque la idea era continuar con la investigación para ver si encontrábamos elementos para determinar si había un hecho delictivo y en que consistió. Y eso no pudo ser. Se hizo un allanamiento, se secuestró un teléfono, el pedido de apertura que no se pudo concretar y como no brindó la información necesaria para acceder al teléfono, no pudimos continuar. Hubo una sospecha inicial delictiva que ameritó el allanamiento y la investigación, pero después se archiva porque no se pudo corroborar en que consistió la actividad delictiva.
– ¿Para la Justicia fue un suicidio?
-La muerte estuvo dada por un suicidio, pero en relación a lo demás que se investigaba, que era una actividad delictiva previa a la muerte, no pudimos lograr recabar información para hacer una imputación contra alguien.
-¿Ahora la causa queda cerrada o la familia puede hacer alguna apelación para continuar la investigación?
-No. La resolución de archivo no causa estado y puede reabrirse en cualquier momento, si es que surgieran elementos que ameriten continuar con la investigación. Además, está claramente la posibilidad que esta resolución que firme yo, sea revisada ante la oposición de una víctima. Ahí puede haber la posibilidad, si la familia se opusiera, para que el fiscal general revise esta resolución.
Muerte con medicación.
La investigación determinó que el médico Darío Balsa se autoprovocó la muerte utilizando «medicamentos que causan depresión de la función respiratoria y provocan la muerte por paro cardiorrespiratorio y anoxia cerebral», confirmaron voceros consultados.
En los análisis de sangre, orina y contenido gástrico de Balsa se halló «laudanosina, benzodiazepina positiva y midazolam laudanosina», que son drogas que habitualmente «se utilizan en el quirófano para realizar la anestesia», agregaron.
El informe del forense detalló que Balsa se autoaplicó Atracurium que es «un bloqueador neuromuscular que produce relajación muscular, es utilizado en la inducción anestésica, bloquea la neurotransmisión e impide la contracción de los músculos voluntarios».
«Las dosis sirven para relajar los músculos e induce a una depresión peligrosa de la respiración, por lo tanto la dosis efectiva de este fármaco es mortal si no se mantiene la respiración por medios artificiales», detallaron.
Y el otro medicamento utilizado fue Midazolam que es «una benzodiacepina». «Es una droga neurotrópica con efectos sedantes y depresor selectivo del sistema nervioso central y miorrelajante que se usa al inicio de la anestesia causando sedación y amnesia del paciente, pero puede causar apnea supresión de la respiración», ahondaron.
