Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera presentó su renuncia indeclinable ante el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Suárez venía del gobierno anterior y había presentado la renuncia con el cambio de gobierno pero la Casa Rosada decidió su continuidad.
La salida fue intempestiva y, según cuenta el sitio especializado Revista Puerto, es producto de «amenazas» de la Cancillería vinculadas al buque Tía An.
Según cuenta ese medio, el ministerio que conduce Diana Mondino presionó a Suárez luego de la decisión del entonces funcionario de hacer volver el barco a puerto por ejercer actividades de pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.
En este contexto, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino que lo instó a dar de baja la orden.
Fuentes cercanas al ex funcionario consultadas por LPO confirman las presiones y detallan que fue durante todo el fin de semana para permitir que las embarcaciones extranjeras hagan lo que quieran.
Por otra parte, el ahora ex funcionario también contó que la conducción del Palacio San Martín le pidió la confección de una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la gestión anterior.
Como reveló en exclusivo LPO, esta semana podría haber novedades en relación a 100 contratos de Cancillería que se vencen el 31 de marzo y otros 500 de planta permanente que el gobierno quiere desafecta en el marco de la reforma del estado impulsada por Luis Caputo que prevé una reducción del 30 por ciento de la planta estatal.
Tras presentar la renuncia, Suarez publicó: «Se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí. Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal, en estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del INIDEP, solo han cobrado enero».
«Algunos llevan treinta años trabajando para esta estructura y no saben si quedarán en la calle, sin ninguna posibilidad de reinserción debido a la situación actual del país y su edad. Estamos hablando de cincuenta familias que quedarán en la calle», agregó.
Por último, de acuerdo a la información aportada por Revista Puerto, en dos días arribará al puerto de Ushuaia el buque Tai An y su propietario y presidente de Prodesur, Liu Zhijiang, ya ha declarado que descargará 163 toneladas de merluza negra, de las cuales, según la normativa vigente, 158 toneladas se capturaron en forma ilegal.
El periodista especializado Roberto Garrone explicó a LPO que «el Tai An es un buque que pescó 163 toneladas de merluza negra aunque sin permiso para pescar más de 5 toneladas por marea y descargará en Ushuaia este miércoles por la mañana donde lo esperará la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros para fiscalizar la descarga».
«La captura máxima permisible de merluza negra se fijó en 3700 toneladas. Se distribuyó entre las empresas Argenova, Estremar, Pesantar y San Arawa. La reserva de administración se fijó en 695 toneladas. Pero en realidad se lo reparten las mismas empresas en partes iguales», agregó el periodista.
En ese sentido, sostuvo que «la reserva debería atender casos excepcionales y distribuirse a fin de año. Acá se reparte en marzo y por tres años. Ahora tendrán que hacer un dibujo con las 163 toneladas que les sacó Liu Zhijiang».
LPO adelantó en exclusivo que en las Fuerzas Armadas hay inquietud por las posibles consecuencias en el cambio impuesto en el Régimen Nacional de Pesca que provocó el rechazo de los gobernadores patagónicos, que consideran que entrega el Mar Argentino a flotas extranjeras.
Como adelantó este medio, el cambio dispuesto e incluido por el gobierno en la ley ómnibus es considerado por las provincias como «una entrega» de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, que barrerá con los empleos del sector. La presión contra el director de pesca confirma esa teoría.
El reclamo unido de cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores golpeó fuerte en los bloques de Juntos por el Cambio y en las provincias patagónicas y municipios costeros que administran.
En el mismo sentido se expresaron las provincias patagónicas que denunciaron una violación a la soberanía y criticaron la modificación de la obligatoriedad para descargar en puertos argentinos, competencia desigual en la asignación de cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad para contratar personal argentino.
Esta modificación le quita poder de arbitraje y pone en cuestionamiento la soberanía sobre el mar ante un posible desembarco masivo de buques extranjeros, sobre todo de China. El gran interrogante es qué tareas va a cumplir la Prefectura Naval Argentina, bajo la orbita de Seguridad y la Armada Argentina ante la pérdida de soberanía sobre el Mar Argentino.
