Los representantes de constructora AKSA SAS, Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, fueron formalizados por el delito de estafa. Recibieron prisión preventiva sustitutiva y no podrán salir del país, tienen restricción de acercamiento con dos denunciantes y deben fijar domicilio todas las semanas.
Avanza la denuncia de once vecinos de Santa Rosa y Toay contra los dueños de AKSA SAS. En mayo trascendió el testimonio de un damnificado, en el diario La Arena, explicando que el año pasado entregó 10.000 dólares para la construcción de su vivienda; pero según contó, la obra “no avanzó conforme a lo pactado, los materiales entregados fueron insuficientes y se empleó a personal inexperto sin las herramientas adecuadas”. Pasaron los meses y más personas se sumaron al reclamo penal.
En la causa interviene el fiscal de Delitos Económicos Guillermo Sancho; el abogado Alvaro Ruggiero representa a siete querellantes, y los imputados Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz enfrentan cargos por estafa genérica, según el artículo 172 del Código Penal, por hechos ocurridos entre marzo de 2021 y marzo de 2024.
En total hay 11 episodios de engaño que se agravan al ser considerados como un concurso de delitos, en conformidad con el artículo 55 del mismo código. Fuentes vinculadas al caso aseguraron que la estafa, con un monto actualizado, sería de “100.000 dólares”.
Investigación.
Previo a la feria judicial de invierno, la Justicia ordenó allanar la casa, oficina y depósito del imputado. En los espacios se secuestraron celulares, computadoras, contratos, remitos y notificaciones judiciales. La semana pasada, Andrada y Krenz fueron formalizados por el juez de control Carlos René Ordas bajo el delito de “estafa generalizada”.
“Como medida cautelar, se dictó la prisión preventiva para ambos, aunque se sustituyó esta medida por una serie de obligaciones y restricciones que garantizan la continuidad del proceso y la seguridad de quienes se vieron afectados por sus actos”, indicaron las fuentes consultadas.
“Entre las condiciones impuestas, los imputados deberán presentarse semanalmente en la Oficina Judicial, informar cualquier cambio de domicilio, y tienen prohibida la salida del país. Además, deberán entregar sus pasaportes en un plazo de siete días para evitar cualquier intento de fuga. La inhibición general de bienes de los dos también fue ordenada, tal como lo establece el artículo 23 del Código Penal, para resguardar los intereses de las víctimas y asegurar una eventual reparación del daño causado”, desarrollaron.
La resolución también vela “por la seguridad de dos mujeres denunciantes, quienes han sido especialmente afectadas por los hechos. Se dispuso una prohibición de contacto y de acercamiento a menos de 200 metros”.
