En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso, condenó a Vanina Verónica Quiroga, de 44 años, como autora material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para el desempeño de cualquier empleo o cargo en la administración pública provincial y de cualquier municipalidad de La Pampa .
Además le impuso por el plazo de dos años, las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y no modificarlo sin dar previamente aviso al juez de ejecución penal y someterse al contralor de la unidad de abordaje, orientación y supervisión de personas en conflicto con la ley penal.
Quiroga fue acusada de fraude contra la administración pública por no entregar las tarjetas sociales asignadas a beneficiarios específicos y utilizarlas en su propio beneficio. Las evidencias presentadas, que incluyen actas de denuncia, informes del Ministerio de Desarrollo Social y movimientos transaccionales, sustentan la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Quiroga, en su calidad de empleada pública de la municipalidad de General Pico, recibió las tarjetas sociales destinadas a tres personas. Sin embargo, no realizó la entrega correspondiente a los beneficiarios. En cambio, utilizó dichas tarjetas para realizar compras personales en comercios locales, lo que evidencia la intención de apropiarse ilícitamente de recursos públicos.
El informe del Ministerio de Desarrollo Social confirma que las tarjetas debían ser entregadas a los beneficiarios, quienes debían firmar un recibo al momento de la entrega. La fiscalía ha argumentado en forma detallada sobre cómo Quiroga utilizó las tarjetas sociales para su beneficio personal, especificando las fechas y montos de las transacciones realizadas con cada tarjeta, así como el perjuicio económico total ocasionado al Estado provincial.
La magistrada expresó en el fallo que «se destaca que Quiroga no solo incumplió su deber como empleada pública al no entregar las tarjetas, sino que también las utilizó como si fuera cada uno de los beneficiarios legítimos, lo cual demuestra una voluntad deliberada de engañar a la administración pública y aprovecharse del sistema destinado a ayudar a quienes realmente lo necesitan».
El acuerdo fue presentado por el fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Juan, la imputada y la defensora particular Alejandra Rodriguez Vargas.
Sobre la sanción a aplicar, Cardoso agregó que «como lo marca la ley procesal el acuerdo de las partes es un límite infranqueable para el juzgador en la imposición de penas.»
