Un joven de 20 años fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso, y el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años, por ser autor del delito de “tenencia, a sabiendas, de imágenes de menores de 18 años dedicado a actividades sexuales implícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, y distribución de dichas representaciones”. Se le incautaron 963 archivos con imágenes y videos.
El juez de control santarroseño, Carlos Matías Chapalcaz, dio por probado que Ricardo Alberto Formiglia tenía esas imágenes en su poder, que las utilizó con dichos fines entre abril de 2023 y marzo de 2024 y que recién cesó cuando le allanaron su domicilio y le secuestraron los dispositivos electrónicos.
Chapalcaz, al dictar la sentencia, homologó un acuerdo de juicio abreviado convenido entre la fiscala Verónica Silvana Ferrero, la defensora oficial María Gabriela Brizzi y el imputado, que aceptó su responsabilidad penal. En ese tipo de procesos los jueces y juezas no pueden imponer sanciones más severas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
Además las partes acordaron que, por dos años, Formiglia deberá fijar residencia y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal, y realizar un tratamiento psicológico o terapéutico en un espacio público o privado y en forma individual o grupal. De no cumplir con esas pautas podría revocársele la condicionalidad de la pena y la prisión pasaría a ser efectiva.
A su vez, cuando el fallo quede firme, Formiglia será incorporado inmediatamente al Registro de procedimiento y notificación de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual.
La investigación se inició a partir de un reporte que recibió la organización no gubernamental estadounidense, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que vinculó al acusado con los hechos. Luego se agregó un informe del área Trata de Personas de la policía provincial, que estableció la ubicación de los domicilios relacionados con aquel reporte y se determinaron las redes sociales utilizadas por aquel.
Con esas pruebas se allanó su vivienda y se secuestraron celulares, una netbook, pen drives, chips, un CPU y una cámara digital. Cuando la División de Análisis de las Telecomunicaciones abrió los dispositivos encontró dos archivos de video en formato MOV, 153 archivos de video en formato MP4 y 768 archivos de imágenes en formato JPG, “todos con contenido de imágenes y videos de menores de edad dedicados a actividades sexuales implícitas o de sus partes genitales con fines sexuales”.
También en un pen drive se hallaron dos imágenes y 38 videos relacionadas con el abuso sexual infantil, los cuales “contenían los nombres de los archivos informados en el reporte” de la ONG.
Finalmente, con respecto a la distribución del material, ello no solo se desprendió de lo indicado en el reporte –dando cuenta de los archivos subidos a internet–; sino además del informe detallado de la policía pampeana acerca de las imágenes de abuso sexual infantil enviadas por chats de Telegram.
